Lunes, 04 de noviembre de 2013
Finalmente, por votación mayoritaria en el Congreso, se aprobó la Ley de Ingresos para el 2014. Cerrando el proceso con nuevas medidas impositivas, queda una reforma con un gran sesgo recaudatorio y un giro importante en la política macroeconómica. Se dejan pendientes cambios fundamentales que den mayor solidez al sistema hacendario de México desde una perspectiva de largo plazo y que al mismo tiempo sean claros detonador es de crecimiento, inversión, productividad y empleos formales.
Gracias a un diálogo intenso con las autoridades hacendarias y muchos legisladores, se logró atemperar o enmendar diversos puntos del proyecto original, los cuales golpeaban muchos sectores económicos y a la población. No obstante, sostenemos que varios elementos de la miscelánea fiscal pueden propiciar la informalidad, incidir negativamente en la competitividad y afectar a la población de menores ingresos contrarrestando o neutralizando el potencial de los objetivos sociales y de salud aducidos.
El sector empresarial siempre ha cumplido con su obligación de contribuir con el Estado Mexicano. Reiteramos que así lo haremos en adelante, sin dejar de defender, por todos los medios legales, a la empresa y al trabajo de todos los mexicanos.
Vamos a seguir interactuando de manera estrecha y constructiva con el Gobierno Federal y los legisladores para impulsar las reformas estructurales que el país requiere. En ese sentido estamos participando en la mesa de diálogo que hemos abierto con la Secretaría de Hacienda y organismos de la sociedad civil para la parte presupuestaria y de ejercicio del gasto público, de la que esperamos saldrán acciones concretas en beneficio de todos los mexicanos.
Frente al esfuerzo adicional que se pide a las empresas y a la sociedad mexicana, procede un compromiso equivalente para un mejor gasto público. Debe haber reciprocidad entre el paquete económico para el 2014 y la urgencia y demanda de dar paso a una reingeniería profunda del gasto público.
México necesita que en los tres órdenes de gobierno y en todos los poderes de la Unión, se gaste con mayor eficiencia y eficacia; con transparencia y rendición de cuentas; con un mejor sistema para detectar y castigar abusos; con mucha más inversión productiva y de largo plazo. La lucha contra la corrupción, que sigue enraizada en el Estado y la sociedad mexicana, debe ser una prioridad que responda a una política integral de alcance nacional.
La recién aprobada Ley de Responsabilidad Hacendaria, es positiva en principio, pero debe ser fortalecida para que sea más clara y que tenga “dientes” para evitar un cumplimiento discrecional. Ahora que inicia el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, el llamado a los diputados y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, es a iniciar una transformación de fondo y profunda para el buen uso del dinero público.
Somos conscientes de la necesidad de aumentar los ingresos del sector público, para disminuir la dependencia del erario respecto al petróleo y contar con recursos para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, más dinero no implica necesariamente programas y políticas públicas que resuelvan los problemas y rezagos, ni tampoco servicios de calidad para los ciudadanos. Esto se comprueba con el gasto de educación desde hace muchos años: México destina a ésta más recursos como porcentaje del PIB que muchos otros países; no obstante, obtiene resultados inferiores.
Estamos de acuerdo en que crezca el gasto social, pero hay que consolidar programas sólidos y sin riesgos de incapacidad de fondeo a mediano y largo plazos. Los fines son loables, pero necesitamos que los medios para lograrlos sean eficientes y sustentables; para que a la larga no surja la necesidad de pagarlos con más deuda, nuevos impuestos, menguar la calidad de las prestaciones o transferir la responsabilidad a las próximas generaciones por la vía de pasivos actuariales.
Insistimos en que se requiere dar integralidad, consistencia y proyección al andamiaje de la seguridad social en México, el cual arrastra múltiples debilidades y riesgos.
Se plantea un presupuesto histórico de más de 3.4 billones de pesos en gasto programable para 2014. Demandaremos e impulsaremos mayores esfuerzos de racionalización y de ahorros en gasto corriente y en partidas no prioritarias o que sean regresivas.
Queremos trabajar con la administración pública y el Congreso para tener una estructura de gasto público que ya no se sobregire recurrentemente respecto a lo autorizado. Además, que se gaste con mayor conformidad a lo dispuesto presupuestalmente, cerrando espacios a la discrecionalidad y los sobre y sub ejercicios, que son lesivos para la economía.
A pesar del aumento de la carga impositiva, se plantea el más alto déficit del sector público como porcentaje del PIB en al menos 24 años.
Pedimos mayor claridad sobre los programas y proyectos a los que se asignan excedentes y una mayor inversión pública, que ha estado muy por debajo de los países con los que interactuamos o competimos.
De igual forma, la sociedad exige mejores servicios públicos y cumplimiento de las obligaciones fundamentales del Estado. Desde luego, más transparencia, auditoría y rendición de cuentas del gasto en estados y municipios, muchos de los cuales cada vez tienen más facultades y recursos, pero a la vez son más opacos en el ejercicio del mismo.
En los días designados para la aprobación del Presupuesto Federal y en el diálogo que tenemos con el Gobierno Federal en materia de Egresos, el CCE va a promover propuestas concretas. Es un compromiso de participación ciudadana y defensa de los intereses legítimos de las empresas, sus trabajadores y la sociedad mexicana.
Proponemos, entre otras medidas, un programa de mejora continua de certificación de la calidad y la eficiencia de los procesos de la administración pública; revisión y modernización de la inversión gubernamental y un sistema de evaluación de desempeño en los tres órdenes de gobierno; política eficaz de auditoría; revisión de la normatividad aplicable, para eliminar espacios para la discrecionalidad, los excesos, la corrupción y la impunidad; revisión y simplificación del gasto corriente.
Otra política importante sería que los gobiernos estatales y municipales emitan reportes de resultados de manera trimestral, como lo hace el gobierno federal y muchas empresas del sector privado.
El sector empresarial será consecuente con su responsabilidad y cumplirá con sus obligaciones, pero también ejerceremos nuestros derechos, con mayor participación en la agenda pública. México tiene un gran futuro, que debemos afianzar en este momento de decisiones. Nuestro compromiso con el cambio es total.
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