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Como se anticipaba, lo abultado de la agenda legislativa determina la complejidad de este Periodo Ordinario de Sesiones en el Congreso de la Unión. Sobre todo, reclama responsabilidad de parte de todos los actores políticos y sectores de la sociedad, para obtener los resultados que demanda México.
No sólo importa la cantidad, sino también la calidad del trabajo legislativo, porque se juega la viabilidad misma de las reformas y la posibilidad de que el país mejore significativamente su situación en dos frentes: Lograr un crecimiento más acelerado e incluyente, y paralelamente, avanzar en los desafíos que en el CCE hemos englobado bajo el concepto de fortalecimiento institucional del Estado mexicano, que es prerrequisito de una economía sana.
México tiene relativa estabilidad macroeconómica, reconocida recientemente con mejoras en la calificación de nuestra deuda soberana, otro signo de confianza en la marcha de la nación. También ha dado pasos decisivos para activar motores de dinamismo que nos permitan salir de una fase de bajo crecimiento, como las propias reformas. Esto nos pone en ventaja frente a otros países emergentes, con fallas en alguno de estos puntos o en ambos, y cuyas debilidades están quedando expuestas con la volatilidad de los mercados internacionales.
Sin embargo, el país también presenta rezagos y distorsiones considerables en el pilar fundamental de la solidez institucional y el Estado de derecho democrático. El desarrollo económico siempre será frágil si no hay un desarrollo equivalente de las instituciones, que debe ser el amarre o ancla de las reformas. El progreso se verá frenado o amenazado mientras persistan altos niveles de inseguridad y violencia e injusticia, mermado por la corrupción y la impunidad prevalentes en múltiples ámbitos.
Una parte fundamental de este desafío tiene que procesarse en el Congreso de la Unión, y precisamente en este periodo ordinario, con compromisos expresos de cumplimiento y plazos perentorios de por medio.
Como hemos señalado, es preciso trabajar sobre una agenda prioritaria, que se concentre en los temas fundamentales.
Por lo pronto, ya se avanzó con la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que enriquecerá y dará un impulso a la implementación de la reforma al sistema de justicia. De igual forma, se aprobó la legislación sobre iniciativa legislativa preferente e iniciativa ciudadana en la Cámara de Diputados.
El ritmo de trabajo es consistente, pero debe tenerse presente que el periodo concluye en abril, así como la presión de los tiempos electorales: hay que concretar múltiples y profundos cambios, incluyendo la conformación del nuevo Instituto Nacional Electoral, en sustitución del IFE, para que pueda hacerse cargo de los procesos federales y estatales del 2015, que inician en septiembre de este año. Esto implica revisar cuatro legislaciones generales y modificar o crear cerca de 400 artículos, y dejar tiempo suficiente para la implementación.
Los temas incluidos en la reglamentación de la reforma política y electoral son de enorme trascendencia, y la ciudadanía no debe desentenderse de este proceso:
Reelección legislativa a nivel federal y estatal en 2018, así como de alcaldes; Fiscalía General, en sustitución de la PGR; todo el paquete de regulación electoral, que incluye apuntalar los mecanismos para afianzar una autonomía real de los institutos electorales estatales frente a los gobiernos y congresos locales; reducción de tiempos entre la elección y la toma de protesta presidencial; gobiernos de coalición; ratificación del gabinete; rendición de cuentas en seguridad; mayor acotación y fiscalización a los gastos en publicidad oficial y equidad de género en el Congreso.
Es mucho lo que está en juego. Se trata de fortalecer las instituciones, los espacios y las prácticas de la democracia, y evitar cualquier riesgo de regresión o deterioro de instancias que tanto esfuerzo costaron a todos los mexicanos, como es el caso del IFE. Un reto inmediato es orientar todos los hilos para que estos instrumentos de la democracia verdaderamente respondan a los intereses de los ciudadanos, por encima de los de los partidos.
En cuanto al tema del combate a la corrupción, en el sector empresarial queremos contribuir para que se concreten con la orientación correcta las nuevas disposiciones constitucionales en la materia, y que México tenga una legislación de cero tolerancia contra este mal, en los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión.
La Comisión Anticorrupción debe ser autónoma, abierta a los ciudadanos y con la capacidad de que sus acciones sean vinculantes; que pueda ser un factor decisivo para que se detecten y sancionen oportunamente los delitos, para frenar la impunidad con un ejercicio eficiente de la acción penal.
La efectividad dependerá del diseño de la Comisión y de su interacción con otras entidades, como la nueva fiscalía. La disyuntiva es impulsar un cambio de fondo para realmente transformar a México, combatiendo uno de sus males más arraigados y perniciosos, o hacer cambios y campañas que no modifican lo esencial, como ha ocurrido repetidas veces en el pasado.
En el Sector empresarial, estaremos asimismo trabajando en temas prioritarios como el sistema de salud, el campo, y la seguridad pública, donde urgen decisiones en asuntos como garantizar certidumbre jurídica para la actuación de las fuerzas armadas. Otros asuntos importantes a considerar son la reforma política del Distrito federal, que dé derechos plenos a los capitalinos, manteniendo el estatus de capital de todos los mexicanos.
Vamos adelante con el ímpetu del trabajo legislativo, como lo demandan las circunstancias. Las reformas económicas son trascendentes, pero no descuidemos la urgencia de fortalecer el Estado de derecho democrático. Se trata de esfuerzos complementarios. De ambos depende la cohesión social, la justicia y la prosperidad en México.
