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La semana pasada quedó aprobada la legislación secundaria más urgente en referencia con la reforma política-electoral y los procesos electorales del 2015, logrado esto prácticamente por consenso entre las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.
Esta es una buena señal para la democracia, por los avances en el marco legal. Además, porque refuerza la confianza de que los legisladores podrán concretar, en tiempo y forma, los otros dos pendientes para los que se han dispuesto periodos extraordinarios en el presente y el próximo mes. Una vez superado este escollo de la reforma política, no hay pretexto o condicionantes para no avanzar con celeridad en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y energéticas.
En el caso de la reforma energética, hay tiempo suficiente para los foros públicos que se han programado para el debate y la participación de especialistas y ciudadanos, así como para el delicado trabajo para dictaminar las iniciativas en las comisiones del Senado.
Tiempo razonable, pero justo, que hay que aprovechar al máximo para que en junio quede aprobado todo el paquete energético, que urge.
Bienvenido el debate público, que en esta fase de la reforma energética, ya discutidos, acordados y aprobados los principios y líneas fundamentales en la Constitución, debe tender a lo más específico y técnico: observaciones y aportaciones que contribuyan a que el propio mandato constitucional pueda funcionar eficazmente en la práctica, generando los mejores resultados para México.
La base, las definiciones de fondo, ya se discutieron exhaustivamente y durante muchos años. Vamos tarde; no perdamos más oportunidades.
Tenemos el potencial de ser uno de los líderes de la revolución energética global que está tomando forma en estos momentos, particularmente en Norteamérica. En materia ambiental, México puede convertirse en una potencia, lo mismo que en otras áreas, incluyendo la industria manufacturera, que se beneficiará con un abasto de insumos más competitivos.
El CCE participará activamente en el debate y trabaja a toda su capacidad con más de 50 especialistas que están revisando las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, para analizarlas y enriquecerlas con propuestas de correcciones y mejoras. Para ello, establecimos cinco mesas de trabajo: Hidrocarburos, Electricidad, Medio Ambiente y Sustentabilidad, Contenido Nacional y Gobierno Corporativo, y Temas Presupuestales.
Hasta ahora, en una primera revisión global de las iniciativas, de manera general vemos que éstas están alineadas con la reforma constitucional, con un buen direccionamiento, pero también encontramos varios temas que nos preocupan en lo específico, por lo que presentaremos propuestas puntuales a los legisladores para clarificar algunos puntos importantes de los textos.
Son varios los aspectos relevantes que estamos revisando a detalle.
En materia de hidrocarburos, asegurar que las reglas de migración a contratos y formatos de asociación sean transparentes y garanticen la elección de los socios más adecuado, así como que se establezca claramente la dependencia gubernamental responsable de pagar las contraprestaciones a particulares.
En gas Natural, la participación de CFE y PEMEX debe estar regulada, y asegurar que esto no pueda evadirse en la práctica. La transmisión a CENAGAS de contratos e infraestructura es clave, lo mismo que su participación en la planeación en materia de transporte y la forma en que operará CFE esta materia de gas.
Hay que garantizar los mejores esquemas en relación al acceso a predios, tendidos y la operación de ductos, no sólo en las actividades de exploración y extracción.
En combustibles y gasolinas, armonizar fechas en las que el sector privado pueda comercializar y realizar otras actividades, así como poner especial atención a la regulación aplicable a especificaciones.
En electricidad, el Régimen transitorio debe ser lo más claro posible en cuanto a respetar los términos y condiciones de operación de los permisionarios actuales. Hay que asegurarnos de que en el mercado no se impida la celebración de contratos de largo plazo entre particulares, con suficiente flexibilidad, así como precisar en áreas como Energías Limpias.
Igualmente vemos áreas de mejora, a precisar o corregir en lo relativo a seguridad industrial y protección al medio ambiente en el sector hidrocarburos, así como en la parte de gobierno corporativo de las empresas productivas del estado.
Este es un punto medular. El CCE ha desarrollado y actualizado un código de mejores prácticas corporativas para las empresas públicas que cotizan en la Bolsa de Valores, para garantizar una operación con transparencia y rendición de cuentas, que consideramos puede y debe aplicarse en gran parte en Pemex o CFE.
Se trata de que estas paraestatales tengan consejeros realmente independientes, consejos eficaces y balanceados y prácticas que den confianza a los accionistas, que somos todos los mexicanos.
Otro tema fundamental es el de contenido nacional, donde encontramos, en gran parte, sinergias de las iniciativas con la propuesta formulada por el sector empresarial. Una de las ventajas de que México haya retrasado por tantos años la transformación de su sector energético es que nos da la oportunidad de revisar las experiencias que se han dado en todo el mundo esta área, para que no haya margen de error o reducirlo al mínimo.
Hoy tenemos frente a nosotros la oportunidad de demostrar, con una normatividad adecuada, que el cambio que impulsamos -sociedad y gobierno- va en la dirección correcta. En este sentido, confiamos en que el Ejecutivo y el Legislativo asumirán con responsabilidad la tarea histórica de establecer un marco legal eficiente, que nos permita aprovechar los recursos energéticos de México en beneficio de todos sus ciudadanos.
El sector productivo nacional está a favor de un sector energético sólido, que genere empleos formales de calidad, que impulse la multiplicación de las empresas y la integración de las cadenas productivas del país. Que podamos producir y abastecer gas y electricidad a costos competitivos. Que conformemos una industria nacional energética participativa y que los recursos públicos que se generen, se inviertan en rubros de mayor rentabilidad social como educación de calidad, salud, seguridad social y vivienda.
Estamos convencidos que esta reforma es la que va a impulsar a niveles históricos las inversiones, el crecimiento y la generación de más y mejores empleos para todos, bienvenida la participación y las aportaciones de todos los sectores de la sociedad.
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