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Extraña que en los últimos anuncios sobre el próximo Periodo Extraordinario de Sesiones en el Congreso, que se tiene contemplado iniciar el 16 de julio, en el paquete de asuntos considerados para su desahogo, no se incluya el de la lucha contra la corrupción, como inicialmente se había anticipado.
Se trata de una omisión importante. Convocamos al congreso a que se incluya. Estamos a tiempo, para que se llegue a los acuerdos necesarios, de manera que la Junta de Coordinación Política del Senado y la Comisión Permanente sume a la agenda este tema de máxima prioridad y exigencia ciudadana.
Cabe recordar que en el Pacto por México se establece el compromiso de consolidar un sistema nacional contra la corrupción. Para ello se planteó la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y el Consejo Nacional para la Ética Pública, y que las reformas correspondientes quedarían aprobadas en el primer semestre del presente año.
Desde el periodo de transición sexenal se presentó en el Senado la iniciativa referente a la Comisión Anticorrupción, por conducto de las fracciones parlamentarias del PRI y el Partido Verde. Propone cambios constitucionales encaminados a conformar una nueva política de prevención, investigación y sanción en la materia, abarcando a los tres niveles de gobierno e inclusive a particulares.
Además, senadores del PAN y del PRD han presentado otras iniciativas sobre el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
Este es el momento oportuno para que el Estado mexicano, la clase política y los ciudadanos hagamos un compromiso serio en el combate a la corrupción; para que unamos voluntades y fuerzas a fin de iniciar un verdadero proceso de renovación de la vida pública en México, que vaya más allá del discurso, que no quede nuevamente en cambios superficiales o de apariencia.
En tanto no lo hagamos, seguirá corriendo el tiempo, con los casos recurrentes de corrupción que trascienden hasta el dominio público y la dañina percepción de que se trata de un problema endémico que no tiene solución, al cual deberíamos acostumbrarnos.
Lo que hay que hacer es ya no postergar más la voluntad férrea de marcar un punto de inflexión. Hay que insistir en que la ausencia de una transformación profunda en el tema de la corrupción ha sido la gran deuda pendiente de la transición democrática en nuestro país, elemento de enorme peso para que programas, proyectos y leyes, por bien orientadas y perfectas que sean, no funcionen. Más aún, ahora que tiene lugar un proceso de reformas de gran calado, indispensables para el progreso del país.
No basta con la exposición mediática esporádica de casos aislados, que muchas veces sólo sirve para acrecentar el malestar ciudadano, porque no se sigue un juicio y castigo de los involucrados.
En el sector empresarial, como millones de mexicanos, estamos por una auténtica cruzada nacional contra la corrupción, y hemos impulsado desde hace varios años la creación de la figura de un Zar Anti-corrupción, como lo hicieron en otros países, con muy buenos resultados.
Para que funcione, la Comisión debe ser una entidad autónoma y de carácter ciudadano, apartidista y de perfil transexenal; encabezada por un mexicano íntegro, visionario y patriota, auxiliado por un consejo emanado de la sociedad civil. Se necesita que tenga “dientes”, capacidades efectivas para proponer y promover acciones a nivel nacional.
Que junto con instancias como el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación y las instituciones de procuración de justicia, sea parte de una política bien articulada de transparencia, auditoría y rendición de cuentas, en la que no haya duplicidades, confusión de atribuciones o bloqueos burocráticos.
En la propuesta que hemos impulsado para la oficina del Zar Anticorrupción, hemos planteado que sea una instancia que aglutine las fuerzas necesarias para echar a andar un Programa Nacional contra la Corrupción y la Impunidad, arropado con un compromiso institucional de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, respaldado en la ley y con un pacto nacional.
La Comisión sería responsable de generar los acuerdos necesarios, dar seguimiento y continuidad, fungir como enlace institucional y del Estado con la sociedad civil, representante y gestor de la ciudadanía en la lucha contra la impunidad.
Una instancia capaz de dar la cara por la gente, de recibir denuncias y propuestas, contemplando una línea telefónica y por Internet para ello. Que gestione las mismas con las dependencias competentes, hasta su resolución definitiva e informar a la opinión pública durante todo el proceso.
Entre sus funciones, están el establecimiento de objetivos y métricas de seguimiento, elaboración de reportes, clasificación de temas y casos más relevantes, del diseño y propuesta de políticas públicas e iniciativas legales, administrativas y culturales. La articulación y coordinación de programas a nivel nacional, emitir recomendaciones con carácter vinculante e inclusive poder ser testigo en indagatorias y juicios.
Promovería pactos de transparencia, auditoría y buenas prácticas con alcaldes, gobernadores, directores de dependencias públicas y todo aquel organismo que reciba fondos públicos, como los partidos políticos. Esto incluye el llamado “Acompañamiento de Contratación Visible” para procesos de planeación, desarrollo, licitación y ejecución de obras o proyectos públicos, especialmente en áreas de inversión y gasto de alto riesgo e interés para la comunidad. Para esto podría convocar a comités integrados por especialistas, organizaciones de la sociedad civil, en las que el Programa funciona como secretariado técnico.
Estamos a tiempo de impedir que pase un sexenio más sin un cambio profundo en este fenómeno que agravia a los mexicanos, que afecta más a quienes menos tienen y es probablemente el mayor obstáculo para el desarrollo económico, la consolidación de la democracia y una cohesión social sólida.
Es hora de pasar de los escándalos y declaraciones de intenciones, a las sanciones y acciones concretas: de comprometerse a terminar con la impunidad que reproduce la corrupción. De apuntalar un sistema efectivo que cierre los vacíos y espacios de discrecionalidad y opacidad que propician el fraude y el abuso; que ayude a detectar toda irregularidad, a frenarla oportunamente y a sancionar a todos los implicados: tanto a quien se corrompe en el sector público como a cualquiera, persona física o moral, que se beneficie por ello o sea su cómplice.
No heredemos a nuestros hijos este gran flagelo y la responsabilidad de superarlo. Los empresarios cerramos filas en esta lucha por la nación.
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