En las últimas semanas, en el CCE hemos tenido encuentros con diversos actores, especialistas del sector energético, así como legisladores y representantes de todos los partidos, en paralelo al análisis de la iniciativa de reforma del Gobierno Federal y las del PRD y el PAN en nuestras comisiones de trabajo.
Nos alienta el encontrar importantes coincidencias, pero mantenemos la convicción de que la reforma energética tiene que ser verdaderamente de fondo y con cambios constitucionales: no basta con ajustes ligeros para superar el trámite, ajenos a una verdadera voluntad reformadora. Este no debe ser un asunto que se resuelva sólo atendiendo a criterios políticos, sino que tiene que orientarse por el progreso del país y el bienestar de todos los mexicanos.
Consideramos que en las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso se comparte la visión de que es fundamental una reestructuración profunda de Pemex en su administración, operación y modelo corporativo, y que esto implica que pase de ser un organismo público parecido a una secretaría de Estado a una auténtica empresa pública.
La ineficiencia de Pemex es de carácter estructural: administración ineficaz, cuando no maniatada para muchas cuestiones vitales, y un estado mexicano que tiene que ser un mejor dueño. Situación agravada por un contexto de relaciones sindicales que propicia privilegios inaceptables y corrupción.
Cualquier tipo de reforma debe considerar a Pemex como un actor central, pero renovado y fortalecido, con facultades y recursos que le permitan ser una empresa competitiva y de clase mundial. Hay coincidencia en que no tiene un régimen fiscal competitivo, sino de depredación. La paraestatal necesita de autonomía presupuestal y de gestión, con un andamiaje administrativo moderno.
Sin embargo, no estamos de acuerdo con quienes consideran que basta con reformar leyes secundarias para enfrentar el reto energético que enfrenta el país. Ni siquiera es suficiente para fortalecer a Pemex como empresa pública moderna y eficiente, si subsisten los candados que lo colocan en desventaja frente al resto de las grandes petroleras del mundo, públicas o privadas: sin poder transferir o compartir riesgos en esquemas de asociación ganar-ganar con otros actores, multiplicar su capacidad de ejecución, invertir más, atraer y absorber conocimiento.
Es preciso reconocer lo que está pasando en el mundo.
Hay una revolución energética, que tiene lugar principalmente en nuestra región, debido al desarrollo de nuevas tecnologías y la explotación de hidrocarburos no convencionales. Implica cambios que inciden de manera fundamental en un proceso de reindustrialización, en especial en Estados Unidos.
México está quedando fuera de este proceso de reestructuración energética y relanzamiento industrial, aun cuando tiene grandes reservas de hidrocarburos a su disposición para insertarse en esta dinámica.
Se van inversiones que pudieran llegar a México y no sólo a países lejanos, sino a Estados Unidos, donde encuentran insumos más competitivos: hasta 12 dólares de diferencial en el costo del gas, por millón de BTU, si se consideran los precios de faltantes por emergencia.
La reforma energética es de seguridad nacional debido a factores tangibles como el abasto de energía para la planta productiva y la población, y no por conceptos ideológicos etéreos. Las consecuencias de no actuar son claras: pérdida de competitividad, de inversiones productivas y de empleos; desabasto para la planta productiva nacional; y caída de la renta petrolera por la declinación o estancamiento de la producción de petróleo y gas en México, y en contrapartida, el aumento de ésta en Canadá y Estados Unidos, país que podría convertirse en exportador neto en menos de 10 años.
Es urgente actuar. Tres cuartas partes de los insumos de la petroquímica nacional tienen que importarse y ya tenemos problemas graves de suministro energético para la industria. El consumo de petrolíferos del país se duplicará en 12 años, aun con un crecimiento económico mediocre, de 3% anual. Para que Pemex, por sí solo, pueda hacer frente a esta demanda tendría que duplicar su tamaño en 13 años: lo mismo que consiguió en los pasados 75 años.
Expertos nos han dicho que un cambio de la magnitud requerida, para que se consolide puede tomar hasta 10 años, por lo que hay que empezar cuanto antes.
La reforma debe ser profunda: no podemos seguir resolviendo los temas a medias, como ocurrió con la reforma del 2008, que en algunos aspectos perjudicó más de lo que ayudó. Ya no contamos con que la generosidad de la naturaleza, con pozos como Cantarell, nos salve de nuestra falta de decisión y acción para superar inercias: 85% de los yacimientos que tenemos se consideran no convencionales.
Pensar que Pemex puede resolver por sí solo los retos presentes y futuros en materia energética, y más aún, sin cambios que realmente lo lleven a ser una empresa pública moderna y competitiva, es no ver la realidad.
La reforma propuesta por el Gobierno de la República apunta en el sentido correcto al extenderse al sector eléctrico y delinear un nuevo modelo en materia de petrolíferos, con mayor participación de particulares en refinación, petroquímica y distribución de hidrocarburos.
No obstante, esta iniciativa sigue siendo restrictiva en aspectos centrales, con el riesgo de quedarnos nuevamente cortos. Estamos convencidos de que se requiere de un modelo que permita dejar abierta, en la Constitución Política, el margen para que el Estado mexicano utilice el mejor formato de contratos o concesiones, de acuerdo con las necesidades del país y los tipos de proyecto. Buscando maximizar la inversión, la eficiencia y la renta obtenida por la nación, mediante procesos transparentes.
Según señalan expertos, en muchos casos, las concesiones o licencias cumplen mejor con diversos criterios importantes que los contratos de utilidades o de producción compartidas: sencillez, transparencia, capacidad de auditoría de costos, patrones de licitación que minimicen la discrecionalidad y espacios para la corrupción, protección frente a disputas y arbitrajes, anticipación de costos, perfil y certidumbre de ingresos estables, y maximización de la renta capturada por el Estado.
Es fundamental tener un esquema que promueva la competitividad del país y que faculte un proceso de reindustrialización. De igual forma, seguiremos promoviendo que se contemple un fondo soberano, que tenga como objetivo que la renta petrolera se canalice al desarrollo del país y para el bienestar de todos los mexicanos. Evitar, como ha sucedido, que los recursos se desperdicien en gasto corriente y en la corrupción, punto clave para que ésta y cualquier otra reforma funcione.
Es hora de que empecemos a corregir una situación de agravio para un país con tantos recursos energéticos y a la vez tantas carencias.
Este es el momento. Recordemos que en décadas no se han presentado condiciones políticas ideales y sin problemas para hacer las reformas que necesita México, y que tampoco las habrá. No existen; hay que construir esas condiciones con responsabilidad y visión de Estado.
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