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Los recientes hechos violentos en varios puntos del país, la situación prevaleciente en zonas como el estado de Michoacán, así como las últimas estadísticas disponibles, que no muestran una tendencia significativa de mejoría en lo general, y en cambio sí un incremento en temas como el secuestro y la extorsión, confirman que el reto de la inseguridad pública continúa siendo el expediente abierto más delicado para México, por los daños y riesgos inherentes para la población, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.
Hay que asegurarnos, como sociedad y en los tres órdenes de Gobierno y los poderes de la Unión, que no se relegue a segundo plano el desafío de la delincuencia. Esto implica la necesidad de mayor claridad en las estrategias y los compromisos, y desde luego, objetivos y resultados concretos que generen confianza de que el problema está en vías de solución.
Inquietan las señales que se derivan de fenómenos como el crecimiento de las llamadas autodefensas y de otras acciones que surgen de la sociedad para responder a la delincuencia y la impunidad de grupos que violentan la ley, cuando no ven respuesta de las autoridades. Se han presentado actos que rayan en el terrorismo y evidencias de localidades donde los criminales ejercen, de facto, un poder paralelo al de las instituciones.
Las actividades de diversos sectores económicos, en las zonas más afectadas, se ven amenazadas, deterioradas o interrumpidas por robos, secuestros y la extorsión por diversos medios: cobro de piso, de derecho de paso, por hectárea, por cabezas de ganado o como cuotas sobre la producción y los procesos de negocio.
No debe permitirse, en ningún lugar, que la excepción se convierta en la regla.
Preocupa que se incumpla con compromisos realizados públicamente para implementar las medidas necesarias para que los gobiernos, en sus tres órdenes, puedan responder con eficacia al desafío de la delincuencia.
Hay avances importantes en algunas entidades y a nivel federal, pero en algunos compromisos como la depuración de policías estatales y municipales, así como la sistematización de un control de confianza efectivo, vuelven a vencerse plazos para completar procesos que debieron quedar listos hace años.
Ante contingencias como la crisis en el puerto de Lázaro Cárdenas, se recurre al Ejército, la última línea de defensa de la sociedad, como antes se ha hecho en otras plazas. Sin duda, había que hacerlo, pero nuevamente, la demanda es que se resuelvan las fallas estructurales en las policías y órganos civiles de prevención y procuración de justicia, para que este tipo de intervenciones sean temporales, y no una medida permanente.
Nuestras fuerzas armadas constituyen una organización sólida y confiable, que patrióticamente está haciendo el trabajo que no realizan muchas corporaciones y gobiernos, que evaden la primera obligación que tienen de proteger a los ciudadanos, cumplir y hacer cumplir la ley. Es urgente dotar a éstas de un marco legal adecuado, reforzando las leyes reglamentarias del Artículo 89 Constitucional, para que pueda operar con certidumbre jurídica. Este es un pendiente que ya no debe seguir postergándose.
Sobre todo, urge que las autoridades civiles, sus corporaciones policiacas y el aparato judicial se fortalezcan, para cuidar a la población, procesar y castigar a los delincuentes. Todo avance será lento o precario en tanto no se resuelva esta asignación. Mientras en muchas localidades, la delincuencia y policías estén mezcladas, prácticamente trabajando en equipo, su población seguirá viviendo con miedo y desconfianza. Mientras que el 96% de los delitos del fuero común quede sin castigo.
Siguen pendientes las reformas para crear policías estatales con mando único y, lamentablemente, no existen mecanismos efectivos para obligar o sancionar a las autoridades de muchas regiones del país, para que cumplan con sus responsabilidades y compromisos. En este punto, la participación social es clave, con una mayor exigencia ciudadana, que ya ha generado avances importantes en entidades como Nuevo León y Baja California entre otros.
El mayor enemigo es la corrupción, que existe en todos los niveles de gobierno y también en la sociedad, así como su reverso, que es la impunidad. El llamado que hacemos es a ya no retrasar más la urgencia de echar a andar un gran movimiento nacional contra estos flagelos, y en particular, conminamos a los legisladores a acelerar la definición y aprobación de la Comisión Nacional contra la Corrupción.
Hay que atacar a las bases de la fuerza de la delincuencia, así como remediar las debilidades del Estado mexicano para enfrentarla. Romper sus cadenas logísticas y relaciones con policías y funcionarios públicos corruptos, así como con empresas y particulares que cooperan con el crimen. Es prioritario que el combate al lavado de dinero dé mayores resultados.
Confiamos en la seriedad y voluntad de los responsables que han sido designados a nivel federal para encabezar los esfuerzos nacionales contra la inseguridad pública y la violencia. De la misma forma, reconocemos que pueden dar buenos resultados las estrategias planteadas por el Gobierno de la República, con el fin de mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las medidas de prevención y regeneración del tejido social, así como las de inteligencia y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad federales.
El llamado que hacemos es a acelerar el paso, y que las acciones conducentes se ejecuten en tiempo y forma, para obtener resultados prontos y tangibles. No basta generar planes y compromisos; hay que implementarlos de manera rápida y eficiente.
Esta es una lucha de la nación, no solamente de un gobierno. El sector empresarial está comprometido a hacer la parte que le corresponde, impulsando con la sociedad civil los cambios necesarios que devuelvan la tranquilidad a todos los mexicanos, en todos los rincones del país.
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