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La reforma energética no sólo es importante para aumentar la renta petrolera y por el potencial de generar un volumen inédito de inversiones extranjeras; entre muchas otras funciones, es una oportunidad irrepetible para dar un impulso vigoroso al sector productivo nacional. Su éxito se medirá en gran medida en que puedan participar las empresas mexicanas, como palanca para su desarrollo y multiplicación.
El primer requisito es una redacción clara en la Constitución: señales contundentes de que vamos adelante, de un modelo cerrado a uno de apertura; de la prohibición al ensanchamiento del margen de opciones y maniobra, sin acotaciones que generen confusión e incertidumbre.
En las actividades de exploración y extracción, la clave es otorgar al Estado la capacidad de manejar una gama competitiva de tipos de contratos, incluyendo producción compartida y licencias, en función de lo que sea más idóneo en cada segmento. En petroquímica, transporte, distribución y venta de combustibles, así como electricidad, una apertura regulada. Como plataforma, es lo mismo que se está haciendo en casi todo el mundo, y vamos con mucho retraso.
Estos cambios, que deben concretarse antes de que acabe este año, son apenas la llave de entrada. Para materializar el potencial se requiere de una buena legislación secundaria, y más allá del andamiaje legal, que nos preparemos para estar a la altura de las oportunidades: sector público y privado, trabajando estrechamente, con visión, proactividad y velocidad; desde ahora.
De no hacerlo, corremos el riesgo de que sólo veamos pasar un auge formidable, pero ajeno. La tendencia actual nos obliga a actuar: La integración de contenido nacional en los procesos petroleros es fundamental; ha bajado del 40 al 25 por ciento, y éstos en la práctica son inalcanzables para el común de las empresas.
Tenemos mucho trabajo por delante, si queremos que las empresas nacionales participen y se beneficien de las oportunidades que surgirán, y generen millones de empleos.
Necesitamos una política energética de largo plazo, bien sincronizada con una política industrial o de fomento económico con visión, objetivos y estrategias claras, lo cual hoy tenemos pendiente. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos, para que su revolución energética catalice un gran resurgimiento industrial.
Hay que apresurarnos: llamamos al sector público y a los organismos de representación de la iniciativa privada a utilizar, los espacios de vinculación que hemos logrado, como el Consejo Consultivo Empresarial que abrimos con el Gobierno de la República y el convenio de colaboración firmado con la Conago, para concretar acuerdos marco de política de fomento, ligada a la reforma energética.
Entre los frentes prioritarios están la legislación secundaria, participación de las Pymes, desarrollo regional y el tema fundamental de generar condiciones para un abasto suficiente y competitivo de insumos energéticos para el sector productivo. Este año pudo costarnos cerca del 0.3% del crecimiento del PIB por fallas en el suministro.
En la legislación secundaria, también es fundamental diseñar mecanismos viables de transferencia tecnológica e integración de contenido nacional, en un justo balance que genere incentivos para la vinculación entre empresas transnacionales y mexicanas, así como entre grandes empresas y Pymes.
Necesitamos un Estado que en lugar de monopolizar actividades, pueda convertirse en un regulador fuerte y competente, con instituciones sólidas que promuevan la competencia y eficiencia en los mercados.
En la parte de exploración y extracción, áreas como aguas profundas requieren de inversiones inmensas y tecnología de punta, pero hay enormes oportunidades en proveeduría de productos, servicios, construcción, consultoría y muchos otros rubros.
En petróleo y gas shale, son empresas de menor tamaño las que están llevando la delantera en Estados Unidos, porque en este segmento la flexibilidad, la capacidad de emprendimiento y enfoque regional son cruciales. Aquí hay grandes oportunidades para compañías mexicanas que puedan construir cadenas de valor e inclusive asociarse para obtener y operar licencias con firmas de nuestros países vecinos, que hasta ahora se han centrado en el ámbito local.
El sector empresarial propone desarrollar un esquema de consorcios de empresas, principalmente en los estados en los que se concentra la actividad y potencial en el sector energético, como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo. Este modelo no consiste en que varias compañías formen una sola, sino que sumen fuerzas para poder desarrollar y ofrecer productos y servicios competitivos.
El objetivo es la inserción de las Pymes en contratos como los petroleros que se ejecuten en cada región, ya sea con Pemex o las empresas que vengan. Se trata de conjuntar esfuerzos entre la iniciativa privada, los estados, organismos como el Instituto del Emprendedor y los diferentes Fondos Pyme para armar programas eficaces que integren vinculación, crédito y capacitación focalizada, comenzando por cumplir con todos y cada uno de los requisitos técnicos y administrativos, legales y financieros.
La participación de instituciones “tractoras” como Pemex y CFE es fundamental, y posteriormente se ampliará a otras grandes empresas, nacionales y extranjeras, con reglas claras e incentivos atractivos, para que compartan sus contratos, en una relación ganar-ganar.
Una medida necesaria es generar un sistema de certificación para las Pymes interesadas en participar, con una campaña intensiva y una entidad nacional que otorgue el servicio para obtener dicha certificación, a costos accesibles y uniformes.
Para acelerar y dar consistencia al proceso, podría crearse un comité de contenido nacional, que integre a las grandes instancias o tractoras del sector y a la iniciativa privada.
Tenemos que dar respuestas eficaces a cada uno de los problemas, que ya están detectados: inexperiencia para concursar, barreras generadas por intereses, corrupción, opacidad y discrecionalidad en procesos de compra, licitaciones y en prácticas de subcontratación justas por parte de grandes grupos que ganan las obras más importantes; falta de capital o garantías, carencia de voluntad a fondo de las paraestatales para apoyar a las Pymes y el desarrollo regional.
La meta es clara: sin caer en la exclusión y en excesos que perjudiquen la competitividad y las inversiones, hay que privilegiar lo hecho en México y en las regiones, tal como se hace con programas como Buy USA, a través de una reglamentación eficaz y la política industrial que aterrice el potencial. Esto no está peleado con la necesidad y oportunidad de integrar más nuestra estrategia energética con la de nuestros vecinos, en el marco del TLCAN.
Son medidas básicas de política industrial que tenemos que desarrollar, previendo la conformación de clusters, lo cual necesariamente incluye el apoyo a universidades y centros tecnológicos que generen el capital humano y la absorción, innovación y desarrollo tecnológico que se requerirán, trabajando con las empresas y los distintos niveles de gobierno.
El reto es de todos, para que la reforma energética cumpla con su principal cometido: pasar de un crecimiento inercial totalmente insuficiente ante las necesidades de los mexicanos, a una dinámica verdadera de desarrollo sostenido e incluyente. Sería un error histórico no dar estos pasos. Nos estamos jugando el futuro de México y de las próximas generaciones.
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