El Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran ratificaron ante el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su plena disposición para mantener abiertos los canales del diálogo, bajo un marco institucional y de respeto mutuo.
Nuestro compromiso es ver a futuro y evaluar de manera conjunta la implementación de todos los cambios legales que hemos emprendido durante este primer año de gobierno, a través de las diversas reformas aprobadas por el Congreso.
En este sentido, reconociendo la disposición del Presidente de la República y de su gabinete, formulamos una serie de propuestas al Ejecutivo Federal que a continuación destacamos:
1. Establecer un dinámico y fluido mecanismo de consulta en ambos sentidos, para el seguimiento y evaluación del funcionamiento de la reforma fiscal recientemente aprobada. El objetivo es detectar lo que falle o genere efectos adversos, para revisarlo y redireccionarlo oportunamente, buscando incidir en un mayor crecimiento y creación de empleo, mejores condiciones para la formalización, la productividad, el ahorro y la inversión, así como en la competitividad de las empresas y del país.
2. Para que las reformas que se han aprobado tengan continuidad, tenemos todos que buscar los consensos para mantener vigente el Pacto por México, en virtud de que hay todavía muchos compromisos pendientes en su agenda. Consideramos que el inicio de un nuevo año es momento ideal para relanzarlo y darle un enfoque más plural, con la participación de la sociedad y sus sectores.
Particularmente, consideramos que el Pacto por México debe ayudarnos a concretar las leyes reglamentarias aún pendientes y aterrizar cuanto antes los cambios logrados. Asimismo, sería importante que incida aún más en el fortalecimiento institucional y en áreas como Estado de derecho, seguridad y justicia.
3. En materia económica, pedimos al Presidente lanzar juntos una Campaña Nacional por la Formalización y la Productividad de todos los agentes económicos, en especial de las Mipymes
4. Diseñar entre el Gobierno y los sectores productivos una nueva política industrial y de desarrollo regional, que entre otras cosas, nos permita potencializar y derramar los beneficios de las reformas, en especial de la energética que esperamos se apruebe.
5. En vísperas de que el TLCAN cumpla 20 años, consideremos la posibilidad de explorar las mejores vías para reposicionarlo hacia una mayor integración productiva regional, pensando además en una adecuada inserción de México en el TPP.
6. Es urgente darle al plan de infraestructura un sentido renovado, para generar sinergias, maximizar la inversión y potencializar la economía, tal y como se hizo con el reciente programa aprobado de fianzas para estimular que las Mipymes puedan convertirse en proveedoras de bienes y servicios del gobierno federal.
7. Sugerimos hacer mejoras a la reforma laboral aprobada en 2012 y sumar esfuerzos en su aplicación, para que cumpla con el objetivo de crear más y mejores empleos. Se requiere emitir los criterios y reglamentos para la aplicación de la reforma que están pendientes, analizar el esquema de operación bajo el sistema de outsourcing que quedó sobre regulado y el pago de intereses sobre salarios caídos, entre otros aspectos.
8. En materia de seguridad pública, todos reconocemos que es urgente un cambio sustantivo en el panorama, por lo que destacamos la necesidad de acelerar el paso en las acciones transversales de prevención del delito, y la depuración y unificación de mandos policiales en los estados, con los ajustes legales que hacen falta para dar certeza jurídica a las fuerzas armadas, así como, combatir a fondo la corrupción y el lavado de dinero.
9. Por lo que respecta al gran pendiente en materia de Estado de derecho y cumplimiento de la ley, demandamos consolidar la implementación de la reforma penal y la renovación del sistema de justicia. Es hora de ir a fondo en el combate a la corrupción y la impunidad a través de una gran cruzada nacional; urge que no se retrase más la constitución de una Comisión Anticorrupción.
Reiteramos el llamado a un Pacto Nacional para la implementación oportuna y sin excepciones de las reformas aprobadas en materia educativa, además de fijar metas e indicadores para dar seguimiento a los esquemas de evaluación.
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