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El pasado 5 de diciembre, el Consejo Coordinador Empresarial se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto y le manifestó su reconocimiento por la disposición que hemos encontrado de su Gobierno para el diálogo constructivo, inclusive en las diferencias.
Ambas partes reafirmamos la voluntad de mantener abiertos los canales de interlocución, bajo un marco institucional, y en aprovechar más los espacios que hemos creado para el desarrollo de esfuerzos conjuntos, como el Consejo Consultivo Empresarial para la Competitividad y el Crecimiento.
Consideramos que el 2013 ha sido un año muy importante en el impulso a reformas estructurales que, desde hace décadas, estaban bloqueadas. Esto se logró a través de un nuevo dinamismo de la política, en su función de construir acuerdos, como los que dieron lugar a la reforma educativa y sus leyes reglamentarias, la de telecomunicaciones y competencia económica, la de transparencia y la financiera. Un año para sembrar, que debe dar paso a una etapa de mucho más trabajo para que se den los resultados.
En materia fiscal, manifestamos nuestra voluntad de ver hacia delante, conforme a la solicitud del Ejecutivo de apoyar una reforma que busca el bien del país. Siempre cerraremos filas por México. Con este compromiso, proponemos un seguimiento conjunto, para detectar aquello que falle o genere efectos adversos, con el fin de redireccionar oportunamente donde se requiera, y afianzar bases tributarias que den certidumbre jurídica y económica para los próximos años a todos los agentes, inversionistas nacionales y extranjeros, y sector público.
En lo relativo a la reforma política-electoral, valoramos la incorporación de demandas históricas de la sociedad civil y del sector empresarial, como la reelección de legisladores y alcaldes, autonomía de la PGR y la Comisión Nacional Anticorrupción de carácter ciudadano. Es un avance en el fortalecimiento de nuestra democracia, y lo que procede es asegurar que se cumpla con el objetivo de empoderar a los ciudadanos, más que a los partidos y grupos políticos, generando los equilibrios fundamentales para el país.
En cuanto a la reforma energética, que se discute y debe quedar aprobada esta semana, refrendamos nuestra visión: Se requieren señales contundentes de que vamos de un modelo cerrado a uno de apertura, que brinde al Estado la posibilidad de manejar una gama competitiva de tipos de contratos y también licencias, mecanismo ideal para proyectos como los de gas y petróleo de lutitas. En petroquímica, transporte, distribución, venta de combustibles y electricidad: apertura con un esquema regulador adecuado.
Respaldamos la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo, para lo cual hay que establecer disposiciones claras para que la renta petrolera se administre e invierta con eficacia, transparencia y rendición de cuentas, así como asegurar que los beneficios lleguen a los bolsillos de todos los mexicanos.
Hacemos un llamado a todos los actores políticos para que el proceso de debate y votación de esta reforma histórica se dé en un marco de madurez democrática y visión de Estado.
El 2014 se presenta como un año en donde todos tenemos el gran reto de una implementación efectiva de las reformas. Hay mucho trabajo por delante, y en este sentido, hemos planteado al Ejecutivo Federal una serie de prioridades.
Reiteramos el exhorto a generar consensos para relanzar al Pacto por México, dado que todavía muchos de sus compromisos están pendientes y existe oportunidad de darle un enfoque más plural, con mayor participación de la sociedad y sus sectores. Puede ser un instrumento muy valioso para las leyes reglamentarias y aterrizar, cuanto antes, los cambios logrados. Asimismo, para incidir en el fortalecimiento institucional y en áreas como Estado de derecho, seguridad y justicia.
En materia económica, México necesita mejores indicadores en el corto plazo. Ser más proactivo, un sector público y privado, con una estrategia eficaz de reactivación, con acciones inmediatas capaces de generar resultados prontos. Trabajando en conjunto, haremos que el 2014 sea significativamente mejor.
Queremos lanzar con el Gobierno Federal una Campaña Nacional por la Formalización y la Productividad de todos los agentes económicos, y en especial de las Mipymes, y urge diseñar conjuntamente una nueva política industrial y de desarrollo regional, que permita potencializar y derramar los beneficios de las reformas, con el mayor contenido nacional posible.
Ahora que el TLCAN cumple 20 años, es tiempo de explorar vías para reposicionarlo hacia una mayor integración productiva y competitividad regional, además en una adecuada inserción en el TPP. Esta semana nos reuniremos con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y este es un tema fundamental, en el que ambas partes estaremos trabajando.
Es momento, también, de dar paso a un plan de infraestructura con sentido y alcance renovados, para generar sinergias de inversión pública y privada. Asimismo, hay que emprender las mejoras pertinentes a la reforma laboral del 2012 y sumar esfuerzos en su aplicación, para que cumpla con el objetivo de crear más y mejores empleos.
En seguridad pública, reiteramos nuestra solicitud de que se acelere el paso en las acciones transversales de prevención y coordinación, y de una actuación más firme, en todos los niveles de gobierno, en temas concretos como la depuración policiaca y unificación de mandos estatales. Hay que dar mayor certeza jurídica al accionar de las fuerzas armadas, así como combatir a fondo la corrupción y el lavado de dinero.
En educación, reiteramos el llamado a un Pacto Nacional para la implementación oportuna y sin excepciones de las reformas aprobadas en materia educativa, con metas e indicadores de seguimiento. Una formación de millones de niños y los jóvenes, no puede seguir sujeta a intereses políticos y sindicales, que recurrentemente incurren en actos ilegales impunes.
Es en materia de Estado de derecho donde más se requiere de compromiso y trabajo para que México cambie a fondo, y en esta tarea existen asignaturas igualmente puntuales: consolidar la implementación de la reforma penal y renovación del sistema de justicia y, en particular, urge una gran cruzada nacional contra la corrupción y la impunidad, y que inicie operaciones la Comisión Anticorrupción, asegurando su carácter ciudadano.
Este debe ser un esfuerzo de todo el sector público, en todos sus órdenes, de la sociedad y desde luego, de la iniciativa privada. La gran deuda de la transición democrática sigue siendo poner en marcha una verdadera regeneración de la vida pública y afianzar la cultura de la legalidad.
El compromiso de los empresarios es ver a futuro, como se lo ratificamos al Presidente de la República. Compartimos el gran objetivo de dejar atrás inercias para renovar la voluntad nacional, por un México más justo, seguro y democrático, con desarrollo sostenido e incluyente.
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