Lunes, 13 de enero del 2014
En la visión de nuestras prioridades para el 2014, al corte del año pasado hay un progreso sustantivo en la Agenda por México del sector empresarial, consensuada internamente en el 2012 y que ese mismo año se tradujo en compromisos conjuntos con el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.
Hubo logros decisivos en 28 de las 65 propuestas y acciones. De esta manera, registramos un avance de 43% respecto a los objetivos planteados.
Es destacable no sólo el número de objetivos en los que avanzamos, sino la trascendencia de los mismos y el calado de los cambios. Basta recordar las reformas aprobadas: educativa, energética, financiera, laboral, política- electoral, transparencia, telecomunicaciones y competencia económica. Igualmente la disposición constitucional para crear una comisión Anticorrupción de carácter ciudadano; la nueva Ley de Amparo, la creación de la Sedatu, buscando una coordinación nacional del desarrollo urbano, y la homologación de los registros públicos de la pro piedad y comercio, entre otras acciones claves.
Durante el 2014 seguiremos trabajando muy fuerte en los ocho ejes estratégicos de la
Agenda, tanto en los aspectos reglamentarios y de ejecución de los temas con mayor desarrollo, como en las prioridades pendientes.
Aprovecharemos intensivamente los principales espacios de interlocución que hemos conseguido y los que se han abierto, como el Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico, el Comité Nacional de la Productividad, la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal, el Consejo para la Mejora Regulatoria, la Mesa de Gasto Público con la Secretaría de Hacienda, la Agenda CONAGO-CCE, el Consejo Consultivo del TPP y el US-México Dialogo.
Todas nuestras comisiones nacionales y grupos de trabajo especializados e instituciones afiliadas al CCE tienen una amplia agenda de trabajo para desarrollar, comenzando con el gran reto de la legislación reglamentaria de las reformas aprobadas.
Todavía hay reformas pendientes, como los cambios que México deberá realizar en materia de seguridad social, a partir de una revisión integral del sistema de prestaciones sociales y de salud, así como la necesidad de darle viabilidad financiera justa y sostenible a entidades como el IMSS.
Hay mucho trabajo por delante en el fomento al desarrollo económico, en áreas como política agropecuaria, sustentabilidad, política industrial y desarrollo regional, fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, mejora regulatoria y acuerdos internacionales.
En especial, el sector empresarial mexicano concentrará grandes esfuerzos en impulsar el fortalecimiento institucional del Estado mexicano. Para este año, vemos dos grandes retos complementarios:
Concluir el proceso de reformas estructurales, asegurando su viabilidad y éxito, así como un efecto positivo que garantice mejores condiciones de vida para los mexicanos. A la par, apuntalar el marco y el grado de desarrollo institucional, indispensables para que estas reformas logren todo su potencial, como catalizadores del progreso del país.
Hay cinco grandes áreas en las que trabajaremos para este cometido: fortalecimiento institucional para el Estado de derecho, Justicia, Seguridad Pública, combate a la corrupción y la impunidad, y desarrollo político y democrático.
Para que México progrese, tenemos que, necesariamente, afinar nuestro andamiaje y capacidad institucional. Lo mucho que se ha logrado en términos de abrir el gran potencial de progreso para México puede verse afectado por efectos de la inseguridad pública, los rezagos o vacíos de gobernabilidad y la corrupción.
En materia de seguridad pública, esperamos acciones y estrategias importantes que el Gobierno anunciará en las próximas semanas, en relación a temas que nos preocupan de sobremanera, como el secuestro, la extorsión, las llamadas autodefensas comunitarias y la situación en algunas zonas del país donde urge que se tomen medidas de emergencia.
Es necesario que la vigencia del Estado de derecho sea una máxima en el devenir social, político y económico de México: tolerancia en la pluralidad, pero dentro de los límites de los derechos fundamentales de todos.
El combate a la corrupción será una bandera del sector empresarial en el 2014, y esperamos lo sea también para el Gobierno Federal, como para todos los Poderes de la Unión para que México siga transformándose a fondo, en éste que es el obstáculo más grande del progreso y causa de muchos de los males que aquejan a los mexicanos, como lo es la inseguridad pública.
Vamos por una campaña realmente nacional, integral y de fondo contra la corrupción y la impunidad, con una auténtica Comisión Ciudadana, como elemento aglutinador de los esfuerzos y voluntades de toda la sociedad. Estas son las acciones que ameritan el que aciertos como el Pacto por México tengan continuidad. Fortalecimiento institucional significa crear organismos reguladores sólidos y profesionales, que impulsen las oportunidades abiertas con las reformas, lo mismo que la depuración de las policías de todo el país y la reconfiguración del aparato de impartición de justicia en su conjunto.
Es indispensable para que la reforma educativa se implemente sin excepciones, en todos los estados, y en cumplimiento de su espíritu el fortalecimiento institucional; igualmente para que exista confianza entre los mexicanos y las instituciones de procuración de justicia, comenzando por los ministerios públicos.
Esta es la gran prueba que tenemos que superar en el 2014, para que las promesas que se han abierto, se materialicen y generen beneficios tangibles y perdurables para todos. El sector empresarial y el CCE cumplirán a cabalidad con su parte en este gran reto, que es de todos los mexicanos.
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