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La iniciativa para reformar la Ley Federal de Competencia Económica es la primera que el Ejecutivo Federal somete ante el Congreso del amplio paquete de reformas a leyes secundarias que, derivados de las reformas del 2013, hay que desahogar en este Periodo Ordinario.
Es preciso trabajar con celeridad, ante plazos ya inclusive vencidos y para ir desahogando una agenda tan abultada. Sin embargo, igualmente importante es que este proceso legislativo sea profesional e incluyente, tomando en cuenta a los sectores involucrados y los especialistas en cada rubro.
Los rezagos en la aprobación de la legislación secundaria implican riesgos importantes para el óptimo desarrollo de las reformas, pero igualmente es fundamental asegurar que no haya disposiciones o redacciones contrarias a los principios y objetivos de los cambios constitucionales, que deriven en obstáculos para su realización o que den pie a efectos contraproducentes.
En el caso del proyecto para la Ley Federal de Competencia Económica, como sector tenemos varias observaciones, a partir de la revisión de la iniciativa que hemos realizado con la participación de los distintos ramos productivos y de especialistas.
Confirmamos que el sector empresarial está a favor de la libre competencia, y comprometido con ésta, como condición esencial para un sano desarrollo económico, en favor de los consumidores y del crecimiento y la multiplicación de las empresas.
Con la misma claridad, señalamos que la regulación secundaria en la materia debe tomar como referente las mejores prácticas internacionales y, sobre todo, que no debe estar por encima de la reforma constitucional y mucho menos poner en riesgo derechos fundamentales.
Debe desincentivar y atacar las acciones anticompetitivas y monopólicas probadas; no castigar por el tamaño de agentes económicos o la estructura de un mercado.
Es fundamental establecer reglas del juego claras, con un marco legal y regulatorio que promueva la transparencia, el equilibrio procesal, la equidad y la participación responsable y eficiente del órgano regulador.
De acuerdo con los principios de la reforma constitucional, se busca erigir un esquema de división de funciones, con pesos y contrapesos. Sin embargo, disposiciones de la iniciativa son contrarias o socavan estos principios.
Se pone en riesgo la autonomía constitucional de la COFECE, incrementando las facultades del Ejecutivo Federal para crear nuevas condiciones de competencia a través de decretos o de instruir al regulador.
Nos preocupa que no se establezca claramente el alcance de las facultades de la COFECE para regular el funcionamiento de los mercados; igualmente, las indefiniciones y consecuencias del manejo de conceptos como “insumos esenciales”, “barreras a la libre concurrencia” y “barreras a la competencia económica”, así como las atribuciones para regularlos.
De igual manera, vemos márgenes para la discrecionalidad en procedimientos para determinar situaciones como “poder sustancial” o “dominancia”.
Todo esto va en contra de fundamentos del libre mercado, con riesgos evidentes como un posible regreso a políticas de control de precios, que tantas distorsiones han generado en el pasado.
De hecho, la iniciativa crea condiciones para que el Ejecutivo Federal y la COFECE controlen a cualquier agente económico. Tácitamente, se elimina la independencia entre la función que investiga y la que resuelve, establecida en el mandato constitucional; se abren oportunidades para actuaciones arbitrarias del regulador, dándole la atribución de castigar el tamaño de los agentes económicos y las estructuras de los mercados.
En el proyecto de ley, los medios de defensa de los agentes económicos se reducen a amparos de legalidad, eliminando de facto la posibilidad de que el Poder Judicial pueda revisar el fondo de las resoluciones de la COFECE. Se eliminan recursos ante medidas como visitas domiciliarias, aseguramiento de activos y detención preventiva. Por otra parte, se aumenta el plazo de prescripción a 10 años.
Son disposiciones que implican una clara afectación a la garantía de seguridad jurídica. La procuración de un entorno sano de competencia y la certidumbre legal que requiere la inversión y el desarrollo económico, no tienen por qué ser objetivos excluyentes. México requiere de ambos.
Derivado de lo anterior, el sector empresarial estará planteando alternativas y propuestas para que el marco legal sobre competencia económica asegure los derechos constitucionales de los particulares ante posibles abusos de la autoridad; asegure que existan medios de defensa efectivos; garantice el Estado de Derecho y el respeto al principio de libre mercado; faculte al Poder Judicial para revisar las resoluciones; y que se sancione en función de prácticas anticompetitivas probadas y no de consideraciones discrecionales.
Apoyamos plenamente la implementación de todas aquellas medidas que contribuyan a un mejor funcionamiento de los mercados, al que siempre puedan incorporarse participantes que aporten capital nuevo, innovación y renovados procesos de negocio, productos y servicios.
Cuando se extraen excedentes de los consumidores, individuos o empresas, a través de prácticas monopólicas u oligopólicas, la economía ve mermado su dinamismo o acaba sin crecer. Compartimos esta convicción con el espíritu de la reforma constitucional y con la política nacional de competencia económica, que ha venido forjándose de manera institucional desde hace más de 20 años. Hoy podemos consolidar este proceso, para bien de los consumidores, las empresas y de México.
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