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Llegamos al término del plazo fijado de un año para hacer un balance de resultados de los esfuerzos y estrategias del Gobierno Federal para combatir a la delincuencia y frenar la violencia que ésta genera en muchas zonas del país.
Sin duda, la captura de Joaquín Guzmán es el golpe más rotundo y de mayor impacto al crimen organizado en muchos años. Se da justo al cierre de esta primera fase, generando señales alentadoras. Es muestra de que el Estado mexicano debe y puede estar por encima de cualquier criminal u organización delictiva, por más poderosos que sean.
Es una acción eficaz de inteligencia y coordinación, que reivindica al Estado frente a la impunidad; que da confianza a los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia, así como a la sociedad, de que podemos lograr un México más seguro y justo. Representa un capital político para avanzar ante un problema cuya solución todavía está cuesta arriba.
En este sentido, esperamos que esta detención no quede como un caso aislado, y que en cambio, dé paso a otras medidas y acciones para desmantelar las redes de protección, logística y apoyo que permiten operar a ésta y otras organizaciones criminales. Que lleve a la identificación y la detención de las autoridades corruptas y de empresarios ligados a la delincuencia organizada, en México y el extranjero.
No podemos bajar la guardia. El fenómeno de la delincuencia y la inseguridad pública es, por mucho, el factor más vulnerable y problemático para la población y para el Estado mexicano; sin duda, el mayor reto en los tres niveles de gobierno.
Se han dado esfuerzos para tener una mejor cooperación y coordinación interinstitucional, así como entre los estados y el Gobierno Federal. Se ha lanzado un importante programa en materia de prevención, y esperamos que lo antes posible, este mismo año, estén operando los primeros cuerpos de gendarmería, que pueden ayudar a restablecer la paz en zonas donde la situación sigue siendo muy difícil, especialmente en el medio rural y donde la depuración de policías locales está más atrasada o sin expectativas de avance.
Igualmente se está trabajando en materia de inteligencia, con esfuerzos como los centros estratégicos, que deberán contribuir a generar información que permita desarticular a fondo, sin filtraciones, a las redes criminales.
La reforma que provee de autonomía a la PGR debe dar pie a una transformación profunda de la acción ministerial, a nivel federal y también estatal, a fin de que tengamos verdaderas fiscalías que investiguen, y no despachos donde se acumulan expedientes sin seguimiento y solución.
El número de homicidios ha bajado en alrededor de 16% en 2012 respecto al año previo, y hay ciudades que están superando la trágica situación que vivieron por muchos años. Sin embargo, preocupa que la incidencia de algunos de los delitos que más lastiman a la población mantenga una tendencia al alza, en particular la extorsión, los robos y el secuestro, donde también esperamos que la estrategia recién anunciada genere acciones y resultados que marquen un punto de inflexión.
Existen reportes de que unas 6 millones de personas o negocios, en algún momento han sido víctimas de delitos relacionados con la extorsión, cuya incidencia ha aumentado más de 800% en tres lustros. Entre las empresas, las pymes de varias zonas del país son las más afectadas por el llamado “cobro de piso”, y muchas han limitado sus operaciones, al verse obligadas, por ejemplo, a cancelar rutas o cerrar locales.
Urge que se emprendan estrategias y acciones contundentes para frenar el crecimiento de la extorsión y proteger a las víctimas actuales y a las potenciales.
Se requiere de una efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno, que redunde en programas focalizados en los municipios con mayores problemas y riesgos; esquemas de prevención, denuncia y protección confiables, que salvaguarden la integridad física y patrimonial de los afectados; que sean congruentes con las circunstancias de cada demarcación.
Los centros penitenciarios, en particular los de jurisdicción estatal, están frecuentemente bajo el control de mafias y muy lejos de cumplir con la función de coadyuvar a la readaptación social de los internos.
Todavía hay mucho trabajo por hacer, en un reto que es de todos. Se estima que cuatro de cada 10 habitantes del país viven en zonas de algún tipo de riesgo relacionado con la delincuencia, que afecta a todos los estratos sociales.
La depuración de policías estatales y municipales sigue presentando rezagos, a pesar de los compromisos publicados con carácter oficial en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que en gran medida ha quedado en el olvido por muchos Gobernadores y Presidentes Municipales.
Un buen ejemplo donde ha habido avances efectivos y mejoras de seguridad es Michoacán. La presencia de las fuerzas armadas, y la coordinación de los tres niveles de gobierno y la sociedad están dando como resultados el rescate de muchas zonas que estaban bajo el mando de la delincuencia.
En el caso de las autodefensas, debe ser una solución emergente y temporal; una fase transitoria que tiene que dar paso a la reconstrucción de las instituciones de gobernabilidad democrática y Estado de derecho donde han sido rebasadas, capturadas o suplantadas por la delincuencia y la corrupción.
Las causas profundas de la crisis de inseguridad y violencia que vivimos en México no se han resuelto. En tanto no ataquemos a fondo la corrupción prevaleciente en las instituciones de gobierno, sociedad y procuración de justicia, así como la descomposición del tejido social en tantas zonas del país, estos factores seguirán siendo el caldo de cultivo para el crimen y la violencia. Debemos tener presente que, sin seguridad pública y con un Estado de derecho débil en algunas zonas del país, el potencial del desarrollo será acotado.
Es claro que no existen soluciones fáciles y expeditas; que se requiere de determinación y constancia, y de la participación de todos. Hay que insistir en que esta no es una lucha de un gobierno; se necesita de mayor presencia ciudadana para perseverar en el objetivo primordial de que en México la impunidad sea una excepción, y no la norma en muchos ámbitos.
El problema que enfrentamos es un fenómeno social, económico y político; no sólo policiaco. Es tiempo de reforzar nuestras instituciones, de generar consensos para asegurar que nadie pueda estar por encima del Estado de derecho. Que nadie pueda dañar a la sociedad y quedar impune. Es momento de comprometernos para erigir un solo México ante la ley, la justicia y la seguridad.
El sector privado mexicano trabaja con las autoridades, las fuerzas armadas y los tres niveles de gobierno para poder generar un México en paz y de prosperidad.
