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Este 18 de marzo se conmemora un aniversario más del decreto de expropiación petrolera de 1938, un suceso que influyó de manera determinante en el devenir político, económico y social de México hasta la fecha, ahora que estamos en medio de la construcción de una profunda reforma que igualmente marcará el desarrollo del país para los próximos años y generaciones.
En nuestra visión, la expropiación petrolera fue una decisión importante, que respaldaron los mexicanos de hace 76 años, de acuerdo con las necesidades y las circunstancias de su tiempo. Con la reforma energética en curso, los mexicanos del 2014 estamos asumiendo las responsabilidades presentes y de cara al futuro.
Rompiendo con muchos años de estancamiento o de franco declive de nuestro sector petrolero, estamos en la antesala de una nueva fase de pujanza.
Para hacer realidad la promesa, todavía hay mucho trabajo por delante, comenzando por el procesamiento de la legislación secundaria que deriva de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado.
Se requiere de mucho trabajo de consulta técnica y especializada, ante la complejidad de los asuntos involucrados.
Son 28 leyes a modificar, entre las principales, la Reglamentación del Artículo 27 Constitucional, la de la Industria Eléctrica, la del Centro Nacional de Control de Gas (CENEGAS) y la del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la de Ingresos sobre Hidrocarburos; la Ley de Petróleos Mexicanos y la Orgánica de la Administración Pública Federal.
México necesita activar, cuanto antes, todo el empuje que esta reforma puede dar a la economía, con el banderazo de arranque para que se preparen las instituciones públicas y las empresas, y que fluyan las inversiones y el empleo.
Los presuntos fraudes y múltiples ilícitos que se han dado a conocer, confirman la pertinencia y la oportunidad de la reforma energética, que debe ayudar a institucionalizar y profesionalizar al sector y a las empresas públicas y privadas para corregir los espacios de opacidad, discrecionalidad y ausencia de controles eficaces, todo lo cual ha permitido que se den abusos y actos de corrupción.
La transformación a fondo del sector energético mexicano pasa necesariamente por la transparencia y el gobierno corporativo en Pemex; por controles, auditorías e informes contables y de riesgos, como se hacen en las mejores prácticas en la iniciativa privada. Necesitamos un solo México en la transparencia y la rendición de cuentas.
Se ratifica lo mucho que hay que cambiar en el sector y en México, y la reforma energética es clave para hacerlo, si se instrumentan disposiciones como las que se han perfilado para blindar los procesos de licitación de oportunidades para la corrupción.
Sin duda, entre los puntos prioritarios en la legislación secundaria que conviene corregir están la responsabilidad administrativa en Pemex y CFE. Junto con ello, establecer claramente la planeación de carácter nacional y estratégica del sector, así como disposiciones para la operación eficiente y transparente del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
En materia de asignaciones de exploración y extracción, resulta fundamental garantizar el trato no discriminatorio a empresas privadas para participar, con cláusulas de transparencia en los contratos, para consulta de cualquier interesado, y procedimientos de auditorías externas en materia de recuperación de costos incurridos y contabilidad asociada.
Estos principios van ligados a la necesidad de maximizar el contenido nacional, como palanca de desarrollo económico, regional y nacional, con bases y porcentajes adecuados para la proveeduría en la ejecución de asignaciones y contratos, en modalidades como la de asociación e inserción de Pymes y consorcios de empresas.
En materia de gas natural, uno de los factores críticos es el fortalecimiento de las atribuciones de la CRE.
Es necesario fomentar el mercado de comercializadores que ofrezcan valor agregado; reglas claras sobre el CENEGAS, que debe ser un operador totalmente independiente del Sistema Nacional de Gasoductos, cuando Pemex deje de ser permisionario.
En electricidad, entre las prioridades están la planeación centralizada, igualmente en la Secretaría de Energía, y un sistema eficaz de control del sistema. Es preciso asegurar condiciones de certidumbre jurídica a las inversiones, precios competitivos y acordes a los costos reales y eficientes de generación, transmisión y distribución. Incentivos para el desarrollo de energías renovables y cogeneración.
El sector empresarial está impulsando propuestas concretas en todos estos frentes, participando y dialogando con el Gobierno y el Congreso de la Unión.
Tenemos claro el reto: Que la reforma energética sea un puntal de una dinámica verdadera de desarrollo sostenido e incluyente. Dejar atrás la opacidad y la ineficiencia que lastran este potencial y detonar una amplia participación de las empresas mexicanas.
En este desafío se decide mucho del futuro de México y de las próximas generaciones.
