La nueva legislación y los reglamentos que se aprueben como parte de la reforma energética, deberán garantizar la continuidad de los proyectos en materia de energías renovables y cogeneración eficiente desarrollados por empresas particulares, en los términos y condiciones en los que actualmente operan, respetando las autorizaciones tramitadas a la fecha o, en su caso, permitirles migrar a nuevos esquemas que sean más favorables. Particularmente deberá impulsarse una simplificación de trámites para la obtención de permisos, los estudios de impacto ambiental y que se garantice el derecho de vía y el uso del suelo, a fin de que no se constituyan en un “cuello de botella”.
Esto permitirá a México cumplir con sus compromisos internacionales e impulsar más y mejores tecnologías que reduzcan la dependencia de los combustibles tradicionales y eleven la competitividad del país.
Así lo consideró el Director Ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), José Ramón Ardavín, quien recordó que algunos de los mecanismos que actualmente están en operación y que deberán ser garantizados por la Comisión Reguladora de Energía son; el Banqueo, el Reconocimiento de Potencia y el Porteo tipo Estampilla Postal, entre otros.
Este tipo de proyectos verdes, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero de manera sustancial, lo cual es confirmado por un estudio elaborado por CESPEDES y la Fundación Mundial para la Naturaleza (WWF), que estima un potencial de reducción de emisiones de 40 millones de toneladas de carbono anuales a partir del año 2020.
CESPEDES está de acuerdo en que se establezcan metas de generación de energías renovables –principalmente eólica y solar, por su gran potencial- y cogeneración eficiente, con objetivos anuales específicos; que se implementen mecanismos flexibles para su cumplimiento y sistemas apropiados de seguimiento.
La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) establece que la Secretaría de Energía fijará como meta una participación máxima de 65 por ciento de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica para el año 2024, del 60 por ciento en el 2035 y del 50 por ciento en el 2050.
De acuerdo al estudio de CESPEDES/WWF, actualmente, el sector privado promueve 185 proyectos de energías renovables y cogeneración en distintas etapas de desarrollo. Con una inversión aproximada de 7,800 millones de dólares, y un potencial de 4,580 Mega Watts de capacidad, que equivaldría a una reducción de 26 millones de toneladas de bióxido de carbono al año. La legislación secundaria de la Reforma debe de garantizar que se respeten todas las autorizaciones tramitadas a la fecha, o bien, que se les permita migrar en su caso, a nuevos esquemas más favorables.
Es indispensable que se contemplen las inversiones necesarias en la infraestructura del sector energético para ampliar las redes de transmisión de electricidad y de ductos para el transporte de gas natural; Asimismo, que se simplifiquen los trámites para la obtención de permisos, los estudios de impacto ambiental; y que se garantice el derecho de vía y el uso del suelo, concluye el reporte de CESPEDES/WWF.
“En la definición de las leyes secundarias de la Reforma, el sector privado será un actor estratégico que podría contribuir con la meta de participación de las energías renovables y la cogeneración eficiente en la generación eléctrica, con el beneficio adicional de que las principales reducciones de emisiones de carbono, se encuentran en las energías renovables (eólica, principalmente) y en la cogeneración eficiente” concluyó Ardavín.
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