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La reforma de telecomunicaciones es clave para el progreso de México, de ahí la relevancia de concluir su proceso legislativo con responsabilidad de parte de todos los actores, visión de futuro, objetividad, rigor técnico en el análisis y diálogo.
Si se hacen bien las cosas en la legislación secundaria y la instrumentación, la reforma es capaz de incentivar una dinámica de desarrollo y competencia que puede llevar a que las tarifas de servicios de telecomunicaciones bajen entre 15 y 20 por ciento en los próximos años, fundamentalmente en servicios móviles y de datos.
Asimismo, hacia el 2018 México podrá tener una penetración de servicios de banda ancha fija y/o móvil de hasta 95% de la población, y que un 70% de ésta sea usuaria de Internet.
El éxito de la reforma y de la legislación secundaria que se discute en el Senado debe medirse en su capacidad de incidir en menores precios para los usuarios, así como mayor cobertura, diversidad y calidad de los servicios. De esta forma la reforma tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de las familias y se convertirá en un potente motor de la competitividad y el desarrollo económico.
Todo esto se dará en gran medida a través de una mayor competencia en el mercado, pero igualmente prioritaria es la capacidad de atracción de inversiones para el desarrollo de infraestructura.
El mundo y México están transitando a redes de telecomunicaciones de nueva generación, las cuales pueden ofrecer todos los servicios, en el marco de la banda ancha en protocolo Internet. El despliegue de estas tecnologías requiere de inversiones multimillonarias.
Para detonar este potencial, la legislación debe perseguir objetivos puntuales: generar mejores condiciones de competencia en el mercado, promover y coordinar el acceso y compartición a derechos de vía e infraestructura pública y fomentar la inversión, dando certidumbre jurídica a la misma y a todos los operadores.
Entre los puntos cruciales en la discusión de las leyes secundarias está la regulación de las redes mayoristas alámbricas e Inalámbricas. Resulta fundamental que todas aquellas que opere el Estado, en particular la que maneje Telecomunicaciones de México, operen sólo como “carrier de carriers”, prestando sus servicios al mayoreo a los demás concesionarios de redes públicas y comercializadores de servicios, y garantizando el acceso en condiciones no discriminatorias y a precios competitivos. A reserva del análisis exhaustivo que hay que hacer, consideramos que la iniciativa va en este sentido.
Otro punto fundamental es que el espectro radioeléctrico que se asigne a los operadores pueda eventual y efectivamente ser utilizado para prestar cualquier servicio de telecomunicaciones que sea tecnológicamente posible, privilegiando las licitaciones relacionadas con la banda ancha.
La realidad marca la pauta. En la actualidad ya tenemos fuertes problemas de saturación del espectro, que han repercutido en los servicios.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones recomienda asignar mil 340 Megahertz para las áreas de baja densidad de servicio y de mil 960 para las de alta densidad. En México, entre todos los operadores móviles, se están usando sólo 244.
Urge que el IFETEL licite al menos 200 Megahertz adicionales para desplegar las nuevas redes de banda ancha móvil y fija.
Asimismo, el CCE propone que se defina una estrategia a corto, mediano y largo plazos respecto a la planeación y administración del espectro radioeléctrico: acciones de atribución, clasificación, métodos de asignación, radio-monitoreo, mecanismos de recuperación, así como los lineamientos específicos para evaluar el uso eficiente de este recurso.
La legislación debe dar paso a procesos regulatorios transparentes y consultas públicas obligadas para la emisión de regulación por parte del IFETEL. Delimitar claramente la facultad de establecer normas de carácter general o políticas públicas en el ámbito de su competencia, con procesos claros, y publicación abierta para poder implementarse.
En la política de desagregación, deben establecerse condiciones que incentiven a que los operadores dominantes aumenten la cobertura y actualicen tecnológicamente su red, permitiendo, a la vez, el desarrollo de una competencia que pueda ampliar la diversidad de servicios para los usuarios, utilizando redes desagregadas. El reto está en encontrar estos equilibrios.
Las políticas públicas y regulatorias como la desagregación que implemente el IFETEL, deben estar sujetas a evaluaciones periódicas de su operación e impacto, para responder en el tiempo si merecen continuar en función de su contribución, para alcanzar los objetivos planteados en la reforma, o bien si deben modificarse.
La discusión y formulación de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión deben estar basadas no en presunciones teóricas, sino en datos reales de su operación y efectos. En la medida que así sea, y se incentiven la competencia y la inversión, hay mercado y oportunidades para todos los interesados en participar y beneficios para todos los mexicanos.
En materia de telecomunicaciones, como en todos los sectores de la economía, estamos por un entorno de mayor competencia; por la convergencia tecnológica y el aprovechamiento de las potencialidades que ofrece la digitalización, en términos de desarrollo económico y social, en su más amplia concepción.
Queremos que haya más empresas, y más y mejores productos y servicios. Una competencia que derive en menores precios, mayor acceso y calidad, para cerrar la brecha tecnológica y avanzar en la meta de que todos los mexicanos puedan contar con servicios de banda ancha.
Estamos por que haya más y mejores contenidos en todos los medios de información y comunicación. Por una mayor pluralidad y vehículos para el desarrollo de los derechos a la libertad de opinión, expresión e información.
Queremos que se multipliquen los espacios para la participación ciudadana, la difusión informativa, la transparencia y la innovación; para la cultura, la educación, el entretenimiento y la comunicación eficaz de los mexicanos -voz y datos- dentro y fuera de nuestras fronteras.
Con una reforma que cumpla con estos criterios, todos saldremos ganando.
Vamos adelante con la voluntad reformadora necesaria para movilizar al país, en el marco de la democracia. El sector empresarial está comprometido con esta dinámica por el progreso para todos los mexicanos.
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