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En la pasada emisión de La Voz del CCE afirmamos que la actividad económica en México sigue debilitada y que no ha logrado repuntar a los niveles requeridos, tras un 2013 marcado por la desaceleración e inclusive la contracción en algunos sectores.
En el sector empresarial mexicano existe plena confianza en el buen rumbo que sigue el país hacia el desarrollo sostenido, a partir de las trascendentes reformas que se han logrado, cuyo fruto debe ser un mayor crecimiento económico y prosperidad incluyente.
Nuestro compromiso con estas reformas y las políticas públicas que están impulsando una gran transformación en el país es irrestricto. Lo que buscamos es propiciar las mejores condiciones para materializar y acelerar el avance, con la planta productiva trabajando en todo su potencial.
Este es el sentido del llamado que hemos hecho para realizar esfuerzos emergentes de reactivación y, asimismo, sopesar los efectos derivados del marco fiscal aprobado para este año, para que en caso de ser necesario se tomen medidas correctivas oportunas en los aspectos que estén incidiendo de forma negativa en la inversión, el empleo y el consumo.
El reto de construir un sistema hacendario robusto y eficiente en México, no es un expediente resuelto, ni para garantizar un Estado con finanzas públicas sólidas y sustentables a largo plazo, ni como motor de una economía mucho más dinámica. Este es, además, un desafío crítico ante la reforma energética y su respectiva legislación secundaria pendiente.
Hay que calibrar objetivamente las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas del sistema hacendario mexicano en su conjunto y en sus principales componentes. De entrada, debería ser capaz de lograr una mayor recaudación tributaria, para depender menos de los ingresos petroleros y del recurso de la deuda, así como impulsar una mejora radical en el ejercicio del gasto y la inversión pública en los tres niveles de gobierno.
Subsisten desequilibrios y puntos débiles que no fueron atacados directamente por la reforma fiscal, la cual además incorporó disposiciones que consideramos están repercutiendo de manera procíclica en la atonía económica que vivimos desde hace 16 meses.
Mientras que los grandes beneficios que esperamos de reformas como la energética y la de telecomunicaciones se verán sobre todo en el mediano y largo plazo, los impactos de los cambios fiscales sobre la actividad económica se están resintiendo en lo inmediato.
En términos reales, las ventas en el primer trimestre del año cayeron más de 5% versus el mismo periodo de 2013, y las expectativas no promueven una recuperación vigorosa en lo sucesivo, ante un deterioro significativo de la confianza de los consumidores.
El mercado interno ha sido el flanco más débil, con un gasto privado desalentado por las ventas disminuidas y ahora por los incrementos de precios, aumentos de tarifas públicas, nuevas cargas impositivas y obligaciones administrativas ante el fisco, que han requerido de un gran esfuerzo de adaptación y muchas horas hombre a los contribuyentes.
A estas alturas, casi cuatro meses de que entraron en vigor los nuevos lineamientos fiscales, lo que es claro es que éstos no están favoreciendo en su conjunto, un mayor crecimiento y empleo. Al contrario, todo apunta a que el poder adquisitivo de muchos hogares se está viendo impactado por los aumentos de precios vía impuestos, con alza en la canasta tradicional de productos de segmentos de bajos ingresos. A esto hay que añadir cargas y candados que desincentivan la inversión de las empresas y, en cambio, pueden favorecer la informalidad.
Si bien en el gasto público se advierte un ejercicio más a tiempo y eficiente, incluso por encima de los plazos programados, al parecer hasta ahora no ha representado un impulso significativo para la actividad productiva.
Habrá que revisar qué parte de los recursos adicionales que se están transfiriendo de las personas y las empresas hacia el sector público se canaliza a gasto sin un impacto sustantivo en la economía y cuánto a actividades y políticas públicas que realmente se derramen en el sector productivo, para impulsar el mercado interno y el crecimiento.
Ante esta situación, reiteramos que, en definitiva, el marco fiscal que hoy nos rige no debe ser un coto cerrado a la evaluación y los cambios que procedan.
Con esa motivación, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de la República, y al Congreso de la Unión, para que, junto con las diversas ramas del sector productivo, desarrollemos propuestas y planteemos alternativas.
En este sentido, tenemos activas distintas mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en temas fundamentales como eficiencia y transparencia en el gasto público, así como sustentabilidad de las finanzas públicas. Existe una interlocución fluida para el seguimiento y la evaluación de los efectos impositivos.
Asimismo, firmamos un convenio con la Prodecon, que ayudará en asuntos fundamentales para los contribuyentes, y suscribiremos otro con el SAT, centrado en prioridades como la evaluación de procedimientos, mejoras regulatorias y proyectos comunes.
Consideramos que está pendiente una reingeniería del gasto público de gran calado, que garantice recursos suficientes orientados a áreas prioritarias para el desarrollo económico, a fin de generar una potente sinergia con las inversiones del sector privado. Enfoque estratégico, eficiencia, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno son los elementos clave.
En el mismo sentido, la reforma fiscal, en general, es perfectible. Para ello se requiere de diálogo, revisión técnica, económica y jurídica, y generar acuerdos. Existen medidas que se han planteado desde el sector privado que son viables y pueden dar buenos resultados en un corto plazo, como la creación de regímenes acordes a las circunstancias y a las necesidades de las Pymes, con objeto de disminuir la complejidad de trámites y declaraciones, reduciendo el costo de los mismos.
Existen alternativas para eliminar o reducir afectaciones a distintos sectores de la fuerza productiva del país, como el acotamiento de deducciones relacionadas con nómina, recuperación de inversiones y en flujos de efectivo, al igual que otras de carácter más específico para algunos giros económicos.
Entre los temas prioritarios para nuestro sector, están las elevadas tasas de dividendos y del ISR que se fijaron, los cuales golpean la competitividad.
Ante las circunstancias económicas prevalecientes, la necesidad de una creciente generación de empleos y la prioridad del impulso a la formalidad económica, hay que considerar una deducibilidad al 100% de prestaciones laborales y de previsión social. Desde luego, es preciso apoyar mucho más a las personas físicas en temas de deducibilidad para que la progresividad sea más justa.
Resulta fundamental disminuir la tasa de retención sobre intereses y habrá que revisar objetivamente los resultados de medidas como el IEPS a bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico.
Es fundamental recuperar al 100 % los incentivos a la inversión productiva para poder traer mayores niveles de inversión
Lo conducente es apostar a la inversión, la creación de empleos, la formalidad económica y la productividad; propiciar un mayor dinamismo en lo inmediato, que entre en sincronía con las expectativas y grandes oportunidades que se abren con las reformas estructurales que están concretándose.
Podemos lograr un mayor crecimiento no sólo a partir del 2015, sino desde este año, si trabajamos con visión, unidad y determinación para superar inercias y quitar frenos al desarrollo. Este es un compromiso del sector privado mexicano.
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