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Las tres principales fuerzas políticas representadas en el Senado informaron que habrá tres periodos extraordinarios durante el presente y el próximo mes, con el cometido de sacar adelante todos los pendientes en la legislación secundaria derivados de las tres grandes reformas constitucionales aprobadas en el 2013: nos referimos a la política, telecomunicaciones y energética.
Nuestro llamado respetuoso es a que no pare el trabajo legislativo en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión, hasta que quede debidamente concluido este proceso reformador, para que todos podamos pasar de inmediato a la implementación y adaptación, con la debida claridad de rumbo, ya disipadas las muchas dudas que existen en torno a las tres reformas.
El anuncio conjunto de ir hacia delante con la celeridad que demanda la coyuntura política y económica fue muy oportuno, al cierre de un Periodo Ordinario en el que quedaron rebasados los plazos constitucionales que habían sido fijados.
Es una señal de seriedad que regenera la confianza de que el proceso llegará a buen puerto, en tiempo y forma; de que habrá madurez y acuerdos políticos.
Es muy importante que ya no haya más postergaciones, porque los tiempos de las necesidades y los desafíos del país no pueden ni deben ajustarse a los tiempos de la política. Tienen su propia lógica y velocidad.
Fuera del congreso, hay ciudadanos, empresas y sujetos regulados que ya están teniendo que tomar decisiones y ajustarse a disposiciones jurídicas, con gran incertidumbre; sin los correspondientes reglamentos ni precisiones sobre asuntos medulares.
Los tiempos de la agenda política siguen corriendo, rumbo a las elecciones concurrentes del 2015, sin que las instituciones de la democracia ni los participantes tengan el panorama claro, quedando por definir muchos procesos y lineamientos.
Por su parte, la economía pasa por un momento de debilidad y expectativas disminuidas en la población, a lo que hay que responder con una inyección de confianza de que las reformas van a fondo, y no quedarán minimizadas, distorsionadas o mucho menos aplazadas. Que no son promesas, sino motores de transformación y crecimiento en marcha, realidades que están tomando fuerza para producir beneficios que llegarán a todos los mexicanos.
La agenda tiene un calendario apretado y es compleja. Requiere que todos nos pongamos a la altura del reto, y que en el Congreso haya voluntad política para lograr acuerdos, buscando los equilibrios en intereses nacionales y de largo plazo, por encima de los partidarios y coyunturales.
Ojalá que haya también flexibilidad y pragmatismo para que el trabajo de dictaminación se lleve a cabo diligentemente en las comisiones, a buen paso para que todas las partes del proceso legislativo puedan desarrollarse adecuadamente, hasta la aprobación en los tiempos fijados. El debate no puede ser eterno; urge pasar de la política a la ejecución.
Cada reforma es importante por sí sola; todas son urgentes, con objetivos muy precisos.
Es importante recordar que todas las reformas han pasado por un proceso de discusión y aprobación constitucional donde todos los actores, tanto políticos, como económicos y sociales han tenido la oportunidad de expresarse libremente.
El cometido de la reforma política es facilitar la gobernabilidad democrática en Estado de derecho, para pasar de la transición a la consolidación de la democracia como forma de vida en México.
En particular, nos interesa que la reforma política se oriente realmente a empoderar al ciudadano, como el actor y el decisor fundamental que debe ser en la democracia, por encima de partidos y grupos políticos. De éstos lo que se exige es más eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, no más prerrogativas.
Que no se frustren los alcances de los cambios políticos planteados con candados, omisiones o inconsistencias. Necesitamos una reforma política a favor de la ciudadanía, más que para beneficio de los partidos políticos.
En materia de telecomunicaciones, la consigna debe ser encontrar equilibrios, pero siempre en favor de los consumidores y los ciudadanos. Existen oportunidades para todos los actores, en todos los mercados y sectores.
El éxito se medirá en menores precios, mayor cobertura, diversidad y calidad de los servicios, a través de una mayor competencia en el mercado, pero también de la capacidad de atraer inversiones para el desarrollo de infraestructura.
La reforma es capaz de dar paso a una cauda de inversiones multimillonarias y reducción de precios en hasta 20% en un corto plazo, junto con un gran auge económico y cultural.
Podemos conseguir una penetración de servicios de banda ancha fija y móvil prácticamente universal, con 70% de la población usando Internet antes de que termine el presente sexenio.
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Sin embargo, estas posibilidades dependen de condiciones como la certidumbre jurídica que exista para los operadores y también de que actuemos con sentido de oportunidad. Las licitaciones en varios segmentos son urgentes.
En materia energética, mientras más se retrasen las precisiones, en la misma medida estarán esperando, sin concretarse, grandes inversiones y proyectos de desarrollo. Hay un costo de oportunidad, y la continuidad de fugas y pérdidas derivadas de problemas estructurales en el sector.
En Pemex hay muchas cosas por hacer, conceptos como ineficiencias, robos de combustible, corrupción, desperdicios y subsidios regresivos se pueden corregir con una gran reforma.
Vamos hacia delante. No hay razón para posponer el despegue de México por más tiempo. Ya es tiempo de pasar a la implementación del cambio. Tiene que comenzar este año, para lo cual tienen que quedar listos los fundamentos legales en este trimestre.
Los periodos extraordinarios que se abren necesitan de un compromiso extraordinario de cumplir puntualmente con los términos estipulados para los mismos, y así cumplir con México, a través de una actuación democrática a la altura de las reformas que hay que echar andar, cuanto antes, para transformar la realidad nacional y en beneficio de todos los mexicanos.