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La semana pasada se publicaron dos encuestas que dan cuenta, de manera contundente, de la profundidad de dos grandes lastres para México, probablemente los puntos débiles más determinantes para el desarrollo de la democracia, del Estado de derecho y de una economía que pueda crecer al nivel que necesitamos, de manera sostenida e incluyente.
Por un lado, el “Informe País” sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, presentado por el Instituto Nacional Electoral, que confirma, de forma irrebatible y por ello preocupante, que en el país persiste y domina una desconfianza de los ciudadanos respecto a las instituciones públicas y sus representantes, pero también entre las personas y las relaciones sociales, más allá del núcleo familiar.
El 97% de los encuestados no cree, o no está convencido de que los políticos se preocupen realmente por la gente; seis de cada 10 considera que las leyes se respetan poco o nada, y siete de cada 10 no cuenta con otros ciudadanos para defenderse ante una injusticia.
Los datos son alarmantes; explican en gran parte por qué la democracia está todavía lejos de cumplir las expectativas generadas con la transición, ratificando los hallazgos de otros estudios, como el de Latinobarómetro.
Hay que sumar para la reflexión otros indicadores, como los de las organizaciones de la sociedad civil. Su número en México, en términos relativos, está muy por debajo de otros países, incluidos los de América Latina: en Chile tienen más de 60 organizaciones por cada 10 mil habitantes, México tiene menos de cuatro. Tenemos menos de 20 mil asociaciones de este tipo, frente a más de un millón y medio en Estados Unidos.
Se revela que en México hay un enorme déficit de confianza y de capital social, materias primas de la evolución política y económica, así como de la paz pública. La desarticulación ciudadana que prevalece, mina el desarrollo de la gobernabilidad democrática en Estado de derecho y establece límites rígidos al progreso nacional.
Secundamos el llamado del Presidente del INE a construir la primera política del Estado Mexicano en materia de educación cívica, haciendo hincapié en que la participación ciudadana y de la sociedad civil es fundamental si queremos avanzar en este gran reto.
Coincidentemente al reporte de la autoridad electoral federal, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por primera vez en México, proporciona una prospección sólida de las tasas de prevalencia e incidencia de la corrupción en el sector gobierno que enfrenta el ciudadano común, basada no en la percepción, sino en experiencias reales, que llegan a casi 25 mil casos por cada 100 mil habitantes.
Considerando un promedio conservador de 165 pesos por caso, que ha manejado Transparencia Mexicana, esto arrojaría un costo cercano a 5 mil millones de pesos, sólo en la corrupción más habitual, relacionada con trámites, solicitudes de servicios y contactos diversos con servidores públicos, especialmente en referencia a seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad y ministerio público.
Además, la Encuesta revela que la corrupción se ubica en el tercer lugar entre los problemas que más afligen a los mexicanos, después de la inseguridad pública y el desempleo. Casi tres cuartas partes de los mexicanos se sienten insatisfechos con servicios como vialidades y policías.
Insistamos en que reformar las leyes es indispensable, pero insuficiente. Hay que reformar la voluntad y la capacidad para cumplirlas, en el sector público, en el privado y en la sociedad en general.
Reiteramos el llamado de que el combate a la corrupción tiene que ser bandera del México nuevo, para pasar de los escándalos, a las sanciones; de una indignación nacional frente al abuso, al fraude y la impunidad, a una gran movilización por la renovación de la vida pública.
El sector privado propone un Compromiso Nacional de Cero Tolerancia a la Corrupción y la Impunidad, de todos y para todos los mexicanos; que construyamos, gobierno y sociedad, una política nacional contra la corrupción, con una agenda clara de objetivos y responsabilidades para todos.
Es fundamental que la gran iniciativa presidencial y de la sociedad mexicana para crear la Comisión Nacional Anti-Corrupción no permanezca congelada, tiene que ser prioridad del nuevo de periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Ha pasado más de un año y medio de su presentación. Esperamos el compromiso de los legisladores para revisar a fondo el dictamen aprobado en el Senado, para enriquecerlo, asegurando que pueda cumplir con el papel de pilar de una lucha efectiva contra este flagelo.
Que realmente sea autónoma, con espíritu ciudadano; que tenga facultades, recursos y capacidades para recibir denuncias, investigar y lograr que haya sanciones ejemplares; que tenga alcance federal, estatal y municipal; que se avoque a detectar y estudiar los procesos y fallos jurídicos o administrativos que favorecen la corrupción, a fin de emitir recomendaciones y soluciones vinculantes.
Los mexicanos tenemos que comprometernos con el fortalecimiento de la sociedad civil y de las instituciones del Estado Mexicano, en su más amplia concepción. Son prioridades estratégicas de la nación, no solo de un gobierno.
Proponemos los siguientes campos de acción y premisas en esta tarea: educación y formación; empoderamiento de la participación ciudadana, aprovechando y complementando la reforma política y electoral; fortalecimiento de la sociedad civil, y en específico, de las redes del sector social, promoviendo la formación de ONGs y la incorporación a las mismas; afianzar espacios para la participación ciudadana y de la sociedad civil, en rubros prioritarios como transparencia y rendición de cuentas; e impulsar el emprendimiento en todas las áreas: México necesita más emprendedores que generen empresas y puestos de trabajo, amén de asociaciones civiles e instituciones.
Sobre todo, urge recuperar el valor de la dignidad humana, como eje rector de la convivencia social.
Hay mucho trabajo por hacer, para aumentar la participación cívica tanto en el ámbito político como en el social, y continuar ampliando y desarrollando los espacios y formas de organización.
El cambio profundo para madurar como nación en el marco de la justicia, la democracia y la prosperidad, depende de que los mexicanos ejerzamos nuestros derechos y obligaciones a plenitud. La fuerza de México, depende de la solidez de su sociedad. El reto es de todos y para todos.
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