Las reformas secundarias en materia energética son la principal herramienta para consolidar un nuevo modelo basado en la eficiencia, con reglas claras para que exista una mayor competencia en igualdad de circunstancias para todos los actores participantes.
Para que esto sea posible, es indispensable contar con órganos reguladores autónomos, sólidos, con capacidad técnica y facultades suficientes para regular los nuevos mercados y a los competidores tanto públicos como privados, lo que permitirá que también las empresas productivas del Estado participen de manera equitativa.
Estamos convencidos de la necesidad de que los procesos de licitación y asignación de contratos se lleven a cabo por un órgano ajeno a cualquier participante, garantizando la transparencia absoluta en sus procesos y la igualdad de oportunidades a todos los interesados.
Brindar certidumbre jurídica a todos los agentes económicos, es el elemento principal para atraer mayor inversión, ser más competitivos y generar más empleos formales. Es por ello que el nuevo modelo energético debe estar basado en una visión integral de país, por encima de intereses de grupos o sectores.
La iniciativa privada está a favor de un sector energético sólido, que cree empleos formales de calidad, que impulse la multiplicación de las empresas y la integración de las cadenas productivas del país; que haga posible producir gas y electricidad a costos competitivos y que permita que los recursos públicos que se generen se inviertan en rubros de mayor rentabilidad social como educación de calidad, salud, seguridad social y vivienda.
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