24 Horas, Nación, pág. 11, José Víctor Rodríguez.
La Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados enfocará su trabajo legislativo en lograr el consenso y concretar el dictamen de una nueva Ley General de Aguas que responda a la exigencia de la ciudadanía.
En una entrevista con 24 HORAS, José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de este grupo de trabajo, indicó que se pedirá la participación de los expertos de la sociedad civil organizada para evitar el fantasma de la privatización de los servicios de suministro, saneamiento y reutilización del líquido.
Manifestó que se trata de hacer un trabajo entre esta instancia legislativa y las comisiones de Agricultura y de Riego, además de un estudio en la Cámara de Diputados para tener un diagnóstico puntual para establecer una ruta crítica para encontrar la conveniencia de hacer una nueva reforma integral o una nueva ley en la materia.
“Para quitar el fantasma de que se va a privatizar el servicio de suministro de agua se llamaría a una consulta con los expertos y trabajar con la sociedad organizada en la materia y tener la mayor amplitud de visión y de información para normarnos un criterio”, afirmó.
Explicó que será responsabilidad de la Comisión de Agua Potable hacer un dictamen puntual la nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual parte de una iniciativa que se presentó en la pasada legislatura.
“Vamos a adonde sí hay ruido para que traigamos a voces expertas y que no caigan en un tema de discursos floridos sino cuestiones que encontremos la mayoría de las coincidencias todos los que estamos en la comisión y luego presentarlo al pleno de la Cámara y mandarla al Senado”, dijo.
Señaló que la controversia en el tema de la propuesta a la nueva Ley General de Agua es por las concesiones para la gestión del agua como el suministro y los servicios de sanamiento y reuso del recurso hídrico.
Apuntó que el tema de saneamiento de agua es un tema de subsidios y que una parte de los recursos que se requieren los pone el gobierno federal y otra parte les corresponde a los gobiernos estatal y municipal.
Fuente: 24 horas
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