El Universal, Cartera, pág. 2, José Luis de la Cruz Gallegos.
El desarrollo de México está a punto de encontrar su verdadera definición. Los días por venir serán testigos de un intenso debate sobre el futuro del sector energético y con ello del aparato productivo nacional.
Como se recordará, uno de los argumentos que se esgrimió para aprobar la Reforma Energética fue que ello abría la posibilidad de extraer una cantidad mayor de petróleo y gas, así como de un incremento en la generación de energía eléctrica.
La tesis central fue que la inversión privada daría un impulso al sector energético, elevando su oferta y con ello beneficiando a los hogares y empresas. Se planteó que la nueva abundancia de petróleo, gas y energía eléctrica provocaría el abaratamiento de los mismos, así como de sus derivados.
Sin embargo hay un problema. En estos momentos la Cámara de Senadores tiene en sus manos una iniciativa de ley que puede anular lo descrito. Bajo el nombre de Ley de Transición Energética (LTE) se esconde una segunda etapa de modificaciones en la materia que contravienen el espíritu de los cambios ya realizados.
La contradicción no es menor, si el Senado aprueba la LTE en los mismos términos que lo hizo la Cámara de Diputados, ello implicará un incremento en los costos de la energía para las empresas. La razón es simple, se les quiere obligar a utilizar un mínimo de energía denominada como “limpia” que el país no tiene. La consecuencia será la aplicación de multas o la obligación de comprar certificados que les permitan utilizar otro tipo de energía. Como sea mayores costos para las empresas. Por tanto, no importa si el país produce gas o petróleo más barato, la LTE lo volverá caro.
Comprender esto es fundamental, esencialmente porque la LTE tiene un error básico: se condiciona a que el país reduzca sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en función del uso de energía “limpia” cuando otros países con un nivel similar de desarrollo no lo hacen.
Sin duda se debe cuidar al medio ambiente, pero también al empleo y el crecimiento económico. Existen alternativas para reducir la emisión de CO2 al mismo tiempo que se aprovecha el potencial energético de México y se eleva su competitividad industrial. Son verdaderas medidas de transición.
Estados Unidos proporciona un ejemplo del manejo estratégico de la energía: se compromete a reducir su emisión de CO2 pero no lo hace comprometiéndose al uso de un solo tipo de energía. Aprovecha sus descubrimientos de gas para impulsar a su industria y al mismo tiempo disminuye su emisión de CO2, atenuando el uso de carbón. El beneficio directo: creación de empleo y crecimiento.
China es otro ejemplo: no aplicará un programa ambicioso de reducción de contaminantes, lo hará gradualmente sin detener su industria y crecimiento económico.
México debe tener algo claro: la LTE plantea que para 2024 el 35% de la energía generada en el país será “limpia”. ¿Cuál es el problema de esto? Las cifras del Sistema de Información Energética indican que la producción de energía primaria se recarga en el carbón, los hidrocarburos, la nucleoenergía: en 2014 sumaron 92.4%.
Llegar a 35% representa una meta por demás ambiciosa y el costo no lo asumen las empresas que invierten en energías limpias para venderla posteriormente: la LTE obliga a que el sector productivo lo financie mediante el pago de multas o la compra de permisos privados que emitirán unas cuantas empresas. Habría que observar si esto no contraviene las leyes de competencia económica.
Algunos análisis han planteado que México debe llegar a la COP21 con la LTE aprobada. Antes de preocuparse por cómo nos ven en el extranjero se deben ocupar por garantizar que la economía crezca y genere empleo, para ello es necesario garantizar costos de energía internacionalmente competitivos al mismo tiempo que se transita, de manera realista, hacia el uso de energía “limpia”.
Fuente: El Universal
