Altibajos Sectoriales / Hacia la COP-21: El Financiero

El Financiero, Economía, pág. 10, Mariano Ruiz Funes.
En unos días iniciará la vigésimo primera conferencia internacional sobre cambio climático (COP-21) que, entre otras acciones, busca reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y limitar el calentamiento global a dos grados centígrados. De acuerdo con diversas estimaciones y de no adoptarse medidas contundentes a nivel mundial, podría superar los cuatro grados con graves consecuencias para el clima y al que nuestro país es particularmente vulnerable sobre todo en materia de desastres naturales y para la producción agrícola en el occidente y el noroeste del país, zonas de alta productividad como Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Baja California, según el Banco Mundial.
México se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en 30% antes de 2020 y en 22% adicional antes de 2030. Ello implica que, además de los esfuerzos que deben realizar otros sectores, el eléctrico debe generar un mínimo de 35% de electricidad a partir de energías renovables o limpias (distintas a los combustibles fósiles como los hidrocarburos o el carbón) en 2024; este es un objetivo de la Ley General de Cambio Climático promulgada desde 2012. El reto no es menor. De acuerdo con la Secretaría de Energía, al cierre del año pasado 25% de la capacidad instalada total del sistema eléctrico nacional correspondió a energías renovables y sólo 18% de la generación total de electricidad; de esos porcentajes, la mayor parte (19% y 13%, respectivamente) fue mediante energía hidroeléctrica de la CFE, lo que significa que la generación por otras energías limpias –eólica, geotérmica, cogeneración, bagazo, fotovoltaica y biogás– es marginal y sólo 2.5% la realizan generadores privados. Por ello, la generación eléctrica mediante fuentes renovables ha sido muy volátil: en 2013 disminuyó 16%, mientras que en 2014 se incrementó 39% a tasa anual.
En ese marco, a través de medios de comunicación diversas organizaciones no gubernamentales (la mayoría “ambientalistas”), así como institutos de investigación como el Centro Mario Molina, han presionado al Senado para discutir y aprobar la propuesta de Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LTE) que ya fue votada por la Cámara de Diputados. Según esas organizaciones, el aporte de la LTE al potencial de mitigación es de un tercio de la meta al 2020 y de la mitad al 2030.
Cuando se aprobó la legislación secundaria de la reforma energética, diversos legisladores plantearon que la LTE sería la “cereza del pastel” y la “cara amable” de la reforma, ya que incluiría estímulos importantes (fiscales, presupuestales, tarifarios y de financiamiento) para la promoción de energías renovables, no sólo en el ámbito de la electricidad sino también para la introducción de biocombustibles. Sin embargo, más allá de diversas objeciones a la propuesta actual de ley –costos para la industria, certificados de energías limpias, trato al gas natural, etc.— las condiciones económicas han cambiado drásticamente desde su concepción. La contracción de los precios del petróleo, del carbón y del gas natural pone en mayor desventaja competitiva a las energías renovables, aún cuando para éstas se han reducido los costos de inversión y son más asequibles; la situación actual y previsible de las finanzas públicas limitará los recursos presupuestales que se podrían destinar a ese propósito; y, en un contexto de bajo crecimiento económico, es complejo “inducir” a que las empresas inviertan en energías limpias y sacrifiquen otros ámbitos de inversión.
De ahí que parece complejo cumplir los compromisos de cambio climático y transición energética, aún con la aprobación de la LTE. Para ello, sería necesario que la generación eléctrica a partir de renovables creciera entre 8.3% y 9.9% a tasa anual en los próximos 10 años; podría ser otra ley cuyos buenos propósitos se queden en el papel. Todo indica que el Presidente Peña llegará a la COP-21 con los compromisos pero sin los instrumentos para cumplirlos. Fuente: El Financiero