El País, Primera, pág. 13, Javier Solana.
Nos encontramos en la antesala de un cambio fundamental, en un punto de no retorno —y es precisamente donde necesitamos estar—. Es el momento de determinar, de manera decidida, qué camino vamos a seguir. Hoy en París se reunirán casi 150 jefes de Estado y de Gobierno, en lo que será una de las mayores conferencias diplomáticas que se han organizado, más allá de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Durante las próximas dos semanas, en la COP21, se negociará la decisión más importante en la gobernanza del cambio climático de los últimos 23 años.
La COP21 de París cuenta con un gran impulso y, al contrario que en la conferencia de Copenhague del 2009, las perspectivas son radicalmente distintas. Pero aún quedan decisiones críticas por tomar, entre ellas, la financiación de la lucha contra el cambio climático, el aumento de la ambición en cuanto a la reducción de emisiones, el objetivo a largo plazo, y la forma legal del texto acordado.
Esta reunión de los miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático coincide con un cambio en la percepción que ciudadanos, empresas y Gobiernos tienen del cambio climático, que ya es entendido como un fenómeno de naturaleza transversal. Las discusiones ya no solo están centradas en los riesgos asociados al cambio climático: hemos pasado a estudiar los beneficios económicos que supone la transición a una economía de bajas emisiones de carbono.
Tomemos la tendencia global de la urbanización como ejemplo: se ha calculado que las ciudades del mundo seguirán creciendo exponencialmente, albergando al 60% de la población global en el 2030. Ya generan alrededor del 80% del PIB mundial, pero también aproximadamente el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo de la energía. Ante este panorama, la forma que adopten las ciudades será determinante tanto para las emisiones como para la economía.
Un estudio sobre las ciudades de Atlanta y Barcelona lo demuestra: aun siendo similares en población, el área urbanizada de Atlanta es, aproximadamente, 12 veces mayor a la de Barcelona. Las emisiones de carbono per capita de la primera superan seis veces las de la segunda. Por este motivo, y ante el crecimiento de nuevas ciudades en economías emergentes o en desarrollo, la planificación urbana es vital. Si se implementan modelos compactos y conectados —que combatan la urbanización dispersa y el uso excesivo de vehículos privados— las emisiones de carbono, el tráfico y la contaminación atmosférica descenderán. Además, los estudios demuestran que los modelos de ciudades más eficientes supondrán un descenso en la inversión en infraestructura urbana de más de tres billones de dólares en los próximos 15 años.
Ahora las emisiones de efecto invernadero son vistas como un fenómeno de naturaleza transversal
Nuestro futuro debe ser y será diferente aunque, en el proceso de cambio, nos tropezaremos sin duda con intereses creados.
Un ejemplo de ello son los activos en combustibles fósiles, que constituyen un elemento fundamental de muchas carteras de inversión. Hace dos meses, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, advirtió del enorme riesgo de inversión que supondría la depreciación de un gran número de activos relacionados con los combustibles fósiles, que dejarían de ser empleados en la transición hacia una economía baja en carbono. El cambio climático y las acciones para frenarlo tendrán, inevitablemente, un impacto en nuestra economía e inversiones futuras.
El cambio climático, como todos sabemos, es un problema clásico de bienes públicos globales. Esto implica que los países, en busca de su propio interés, tenderán a aprovecharse gratuitamente de los esfuerzos que hagan otros para proveer el bien. Dicho de otra manera, los que no emprenden ninguna acción contra el cambio climático disfrutarán de los beneficios logrados por quienes sí han actuado. Pero la lógica está cambiando, y lo hemos notado en el camino a París. En primer lugar, los cálculos empiezan a demostrar que también a nivel nacional tiene sentido implementar medidas que lleven a un futuro bajo en carbono. Además, los ciudadanos, cada vez más conscientes de las consecuencias de la quema de combustibles fósiles, están movilizándose y piden acción a sus gobernantes —también en las economías emergentes—. Así, muchos de esos Gobiernos han decidido mostrar en el escenario internacional sus compromisos domésticos.
Durante los meses previos a la COP21 de París, 176 países han presentado sus planes (sus contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, o INDC por sus siglas en inglés), describiendo las medidas contra el cambio climático que pretenden aplicar a partir del 2020. Los principales países emisores, que no podían o no querían comprometerse en el pasado, han dado un gran impulso al proceso. Fue muy significativo que China y EE UU (el primero y el segundo mayor emisor del mundo, respectivamente) anunciaran de manera conjunta sus compromisos climáticos el año pasado. Algunos incluso lo han calificado como una “distensión climática” en la diplomacia internacional china. El compromiso de Pekín de financiar, con 3.000 millones de dólares, la lucha contra el cambio climático, equiparando su contribución a la de EE UU, también ha sido clave.
Las acciones a adoptar tendrán, inevitablemente, impacto en la economía y las inversiones futuras
El documento logrado en París será el primer acuerdo de una nueva era. Su estructura de gobernanza híbrida, que combina elementos top-down (principalmente en los mecanismos de seguimiento y verificación) y compromisos bottom-up (contenidos en las INDC), es revolucionaria, y propone una alentadora solución al bloqueo que a menudo caracteriza los mecanismos actuales de gobernanza multilateral. Hasta ahora, este nuevo modelo ha propiciado la participación por parte de los Estados y ha fomentado la transparencia, pues permite a la sociedad civil examinar las propuestas nacionales.
No obstante, en la COP21 aún queda definir un elemento crucial: cómo asegurar que los compromisos nacionales voluntarios resulten en una solución colectiva eficaz a este problema global. Los países que han presentado las INDC representan casi el 100% de las emisiones globales. Sin embargo, los cálculos indican que, si se implementan las INDC actuales, el calentamiento global seguirá superando de forma significativa los dos grados Celsius, marcados como el límite para evitar las más desastrosas consecuencias del cambio climático. Por tanto, queda un trabajo importante por delante. Es vital que los negociadores trabajen en París para aumentar el nivel de ambición. Hemos llegado a un punto de inflexión, de no retorno. Tenemos por delante un gran desafío: construir puentes entre los planes nacionales y las metas globales que nos lleven en la dirección correcta. Las decisiones que se alcancen en París serán fundamentales para la gobernanza global y para la población mundial.
Fuente: El País