El Financiero, Economía, pág. pp-14, Mariano Ruiz-Funes.
Esta semana México ratificó sus compromisos para contribuir a mitigar el cambio climático a nivel mundial: reducir 22 por ciento la emisión de gases efecto invernadero (GEI) y 51 por ciento la de gases de carbono negro hacia 2030, así como generar 35 por ciento de la electricidad a partir de energías limpias en 2024. En paralelo, y con la tardía oposición del sector industrial nacional que absorberá los costos de esos compromisos, avanzó en el Senado de la Ley para Transición Energética que en teoría sustenta esos objetivos. Pero, otros factores con elevada incidencia en el cambio climático se han soslayado; es el caso de la degradación de tierras y suelos, en particular la desertificación, y el manejo del agua y la relación de ambos con las sequías.
A pesar de que en la COP21 aparentemente México comprometió una tasa de deforestación de 0 por ciento en el territorio nacional, sin definir un plazo claro para alcanzarla (cuando menos en la información pública disponible), no existe una política pública integral para atender ese fenómeno ni el da la degradación de tierras. Ninguna dependencia federal -Semarnat, Sagrada o Sedatu- tiene el tema de los suelos en el radar y es un aspecto clave en el ciclo del agua y la captura de carbono. Diversas investigaciones han establecido la estrecha relación que hay entre la degradación de las tierras y el calentamiento atmosférico y el manejo sustentable de tierras que incluye el almacenamiento de carbono en los suelos forestales, de pastoreo y agrícolas, el manejo de residuos y su fertilidad, con la mitigación de emisiones de GEI.
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Fuente: El Financiero
