Revista Impacto, Revista, pág. 14-15, Jesús Gonzalez Schimal.
La Cumbre del Clima COP21 de París ofrece, por lo menos, con intenciones declaradas, querer romper el hielo de las anteriores como la de Copenhague de 2009 y el vencido Protocolo de Kioto de 1997, en donde las grandes potencias generadoras de las tres cuartas partes del dióxido de carbono (CO2): Estados Unidos, China, India, Rusia y Japón, habían estado renuentes a asumir verdaderos acuerdos para abatir su macabra contribución a la destrucción del planeta y de sus habitantes.
Hoy las posiciones de los países “avanzados” son menos evasivas y los posicionamientos de sus líderes o representantes ante sus 150 homólogos, abre un poco más la esperanza de que el calentamiento global que ya se ha iniciado con incontrovertibles muestras de efectos catastróficos cada día en mayor número de sitios en la tierra.
Son hechos con tendencia a su multiplicación e irreversibles, aunque, en el mejor de los casos, con las reducciones de emisión de gases de efecto invernadero en promedio de ocho por ciento por cada país, se podrían desacelerar para que la temperatura aumente sólo 2.7 grados para 2025 en vez de cinco grados de mantenerse la tendencia actual.
Los combustibles fósiles son ya una anticualla que si bien generó desde finales XIX y todo el siglo XX con lo que va del XXI, una impresionante revolución en el mundo en producción y transportación también a la larga, los daños son inocultables.
El costo de ese espejismo de desarrollo está siendo una amenaza para la sobrevivencia del planeta. Desde la Cumbre de Rio en 1992 con la adopción del término “desarrollo sustentable” se descubriría el falso camino del progreso y, desde entonces, debían haberse proscrito los energéticos contaminantes para su remplazo por energía limpia, sin que a la fecha la energía eólica, la solar y mucho menos la atómica que resultó contraproducente, hayan podido detener la inercia asfixiante del globo terráqueo.
Lo que es evidentemente inexplicable es que, pese al conocimiento del daño irreversible del uso del carbón mineral en todas partes del mundo, su uso no haya disminuido.
Desde 1988 a la fecha apenas 35 productores de carbón, tanto públicos como privados, incluyendo a México, han contribuido a una tercera parte de las emisiones totales de CO2.
Aquí y en todos lados, las utilidades de las empresas explotadoras del mineral han acumulado ganancias exorbitantes sin que haya autoridad política que los detenga, ni mucho menos les haga pagar el costo del resarcimiento del daño ecológico producido en su entorno próximo y remoto.
El mismo día de la inauguración de la Cumbre, Beijin y el norte de China, amanecieron ahogados en una nube de contaminación sin precedente.
El olor a carbón era inconfundible, los índices de partículas peligrosas rebasaron en 26 veces el límite señalado por la Organización Mundial de la Salud.
El promedio de 570 micropartículas por metro cubico de aire rompió records anteriores. Al mismo tiempo, los representantes de países africanos reclamaban ser víctimas de la contaminación atmosférica sin tener responsabilidad en su generación.
México fue a sumarse a la alarma internacional. Peña Nieto fue explícito en esta disposición y ofreció una aportación de reducción de CO2 del 25% para el año 2030, pero, en los hechos, la realidad nacional resulta radicalmente distinta.
Si valoramos la nulidad de la Secretaría del Medio Ambiente en la delicada misión que se le encomienda, se podrá dudar de la seriedad de la oferta mexicana.
Esta dependencia, al igual que la Procuraduría Federal de la materia que debería poner orden, han resultado organismos tan costosos como inútiles perfectamente alineados en la protección y absurda defensa de la fuente de contaminación más grave como lo son la petrolera y la minera, al parejo con industrias de transformación.
Semarnat no ha sido capaz de obligar a los productores de la contaminación industrial a pagar las instalaciones necesarias para el reciclamiento de desperdicios o desechos y en casos excepcionales la desactivación o inocuidad contaminante.
Se han valido, contra la tendencia y obligación mundial de reaprovechar los residuos comunes y tóxicos para simplemente confinarlos y convertirlos en foco permanente de contaminación no sólo de la atmósfera sino del subsuelo y de los mantos acuíferos.
Los pocos centros de reciclamiento y procesamiento de los residuos tóxicos están siendo remplazados para bajar costos, por inmensos confinamientos que están proliferando como los grandes negocios de nuestros días.
General Cepeda, Coahuila, y La Victoria, municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, son los últimos casos en los que la Semarnat ha autorizado confinamientos en zonas apartadas donde pueden ser menos las victimas a corto plazo porque no están densamente poblados, pero que su efecto devastador por aire y corrientes subterráneas alcanzaran cientos de kilómetros a la redonda.
Ésta es la muestra de la incongruencia y falsedad de la postura de México en la Cumbre COP21.
Para mayor claridad de la complicidad de Semarnat con los insaciables negociantes del nuevo negocio de enterrar y ocultar los desechos tóxicos y peligrosos para no procesar su desactivación y en su mayor parte hacer posible su reuso se encuentra la evidencia de los empresarios que ahora se oponen a la Ley de Transición Energética (LTE) recientemente aprobada en las comisiones del Senado para hacer efectivas las reducciones reales de contaminantes.
Semarnat está detrás de esta resistencia para favorecer a quienes como buitres, esperan la muerte para lucrar.
Fuente: Impacto
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