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El periodo ordinario de sesiones que concluye este 30 de abril en el Congreso de la Unión dejará un cúmulo de pendientes de enorme relevancia y urgente resolución para nuestro país, tanto por su número como por la trascendencia y urgencia de los mismos.
Desde un inicio estaba claro que sería difícil sacar adelante una agenda tan abultada y compleja, debido a las muchas leyes secundarias a modificar de acuerdo con las reformas constitucionales logradas el año pasado. Sin embargo, preocupa que de un renovado dinamismo en la construcción de acuerdos políticos relevantes, con la productividad legislativa que atestiguamos desde mediados del 2012, ahora se acumulen los retrasos y signos que antes propiciaron la postergación reiterada de los pendientes o el estancamiento.
Confiamos en que se trata de una dificultad temporal en el camino, porque es mucho lo que está en juego para el país con las reformas que hay que concretar con leyes secundarias a la altura.
Nuestro llamado a los representantes de los mexicanos y a la clase política en su conjunto es a reforzar el compromiso con los retos de la nación, por encima de los de cuestiones de coyuntura y los intereses partidistas o sectoriales.
2014 es un año clave para que México efectivamente pase de ser un país que está en proceso de reformarse, a una nación reformada y con un panorama de progreso renovado y en marcha. No podemos permitir que el impulso se detenga, en este momento crítico para aterrizar los grandes cambios e implementarlos.
En este desafío, hay que evitar que se presenten recaídas al inmovilismo político que se prolongó por tantos años en el contexto de la transición democrática. Se necesita una democracia que movilice a la nación, y no que la frene.
Todo apunta a que se podrá completar el trabajo en la legislación secundaria de la reforma de competencia económica, pero la de telecomunicaciones, la energética e inclusive la política-electoral, o cuando menos partes importantes de esta, tendrán que procesarse en periodos extraordinarios, a pesar de los plazos fijados, rebasados en algunos casos desde hace tiempo.
Sin duda, la prisa no contribuye a realizar un desempeño legislativo óptimo e inclusive puede llevar a que se cometan errores y omisiones graves. No obstante, también hay que tomar en cuenta que a medida que pasa el tiempo sin concretar, aumenta la incertidumbre y se retrasan los trabajos y los frutos de las reformas, que urgen, más aún en un entorno de debilidad económica, como el que vivimos.
Concluir, confirmando los principios y los alcances de las reformas, en apego a lo ya incorporado a la Constitución, es el banderazo de salida que se requiere para acelerar una avalancha de planes y proyectos de trabajo e inversión en el sector privado y en el público. Además, deberá servir para reactivar la confianza en diversos mercados y en la población respecto al porvenir en el corto, mediano y largo plazos.
Se trata de reformas fundamentales para vigorizar la economía, en particular la de telecomunicaciones y la energética. La reforma política tiene que completarse cuanto antes, entre otros motivos, porque hay plazos perentorios y obligaciones constitucionales de por medio. Otros temas cruciales están en la lista de espera, como la Comisión Anticorrupción, que pareciera estar congelada, a pesar de que tiene que ver con el mayor obstáculo y factor de resistencia para que México se reforme de fondo.
Hay tiempo para hacer bien las cosas en los periodos extraordinarios que se llevarían a cabo en los próximos dos o tres meses, pero no mucho más, si es que queremos asegurar la viabilidad de las reformas en tiempo y forma.
Después vienen los preparativos para las elecciones federales y estatales del 2015 y otros imperativos que pueden complicar su desarrollo. Los atrasos cuestan y dejan consecuencias; entre ellas, desánimo entre los ciudadanos sobre la capacidad de la política y la democracia para generar grandes acuerdos sociales y progreso para todos. No permitamos que esto ocurra.
De acuerdo con sondeos, actualmente seis de cada 10 mexicanos se sienten insatisfechos con la forma como funciona nuestra democracia. El año pasado, con el impulso de factores como el Pacto por México, se vislumbraba una mejoría en esta visión. Sin embargo, a la fecha, no se advierte una revaluación significativa en la percepción ciudadana sobre la situación actual de la política nacional.
El reto de este año no sólo es evitar que el severo congestionamiento de los pendientes legislativos quite fuerza y rumbo a las reformas, sino también que la política en México recobre la capacidad y valoración como factor de conciliación social y construcción de equilibrios. Que pueda efectivamente ser motor de transformación y desarrollo, y no de estancamiento o rezago. Que sea el garante de la gobernabilidad democrática del Estado de derecho, que hoy necesitamos en todos los ámbitos.
El reto de la política mexicana es estar a la altura de las esperanzas que despertó y los pasos que ya dio con las reformas constitucionales logradas. Es dar vigencia a las expectativas de renovación, crecimiento y mayor bienestar, y evitar poner en riesgo un gran camino de transformación.
Todos somos responsables de dar continuidad a este gran proyecto, en el momento de decisión en el que estamos. El sector empresarial será congruente con este desafío de la nación.
Extendemos un reconocimiento al esfuerzo que están haciendo los legisladores y los invitamos a redoblar el compromiso que han demostrado y completar en estos periodos extraordinarios, este gran proceso de transformación y modernización de nuestro país.
