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En las últimas semanas, el Consejo Coordinador Empresarial, sus organismos constituyentes y las diversas cámaras y asociaciones de todos los sectores de la iniciativa privada hemos sostenido un intenso proceso de diálogo con legisladores de todas las fracciones, al igual que con el Gobierno de la República y las autoridades hacendarias.
Queremos hacer un reconocimiento explícito a nuestros interlocutores, por escuchar nuestras inquietudes y propuestas con respeto, apertura y disposición constructiva, lo mismo en audiencias y foros públicos del Congreso, que en las 15 mesas de trabajo que hemos tenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Seguiremos con este diálogo a lo largo de todo el proceso legislativo, presentando con claridad nuestras posiciones, cumpliendo con nuestro deber de defender los legítimos intereses de las empresas, de sus trabajadores y sobretodo de la sociedad mexicana. Ejerciendo nuestros derechos ciudadanos, como contribuyentes y como representantes de millones de empresarios, y mexicanos, preocupados por múltiples y diversas disposiciones contenidas en el paquete fiscal, las cuales, de prosperar, afectarían a muchos sectores de la planta productiva y de la población, así como a la economía en su conjunto: a la inversión, la productividad, la competitividad y el empleo.
Creemos que algunas de nuestras inquietudes, como las de otros sectores de la sociedad, han tenido receptividad tanto entre las autoridades fiscales como en los legisladores. Los acuerdos anunciados por ellos, para descartar medidas tales como los impuestos a colegiaturas y vivienda son alentadores y muestran sensibilidad. Sin embargo, todavía son muchos los puntos que nos preocupan, y vamos a impulsar nuestras posturas y propuestas hasta el final, de acuerdo con los tiempos establecidos por la Constitución.
Tenemos bien claro que la decisión final es de los legisladores, como representantes de la nación, y que diputados y senadores tienen una difícil tarea enfrente, para lograr un paquete económico responsable, equilibrado, coherente con las necesidades del Estado mexicano, pero también con las de la sociedad y los retos económicos contingentes.
Hemos reconocido reiteradamente a esta Legislatura por la voluntad reformadora que se ha confirmado con hechos, a través de un cambio muy positivo en el contexto político, orientado a la construcción de acuerdos. Ya han logrado reformas muy importantes y es en ésta, la máxima Tribuna de la Nación, donde tienen que consensuarse y concretarse las grandes reformas pendientes.
Sin embargo, con la misma convicción, entendemos la función de los legisladores como representantes populares, y como tales, obligados a atender las inquietudes de todos los ciudadanos y de todos los sectores, y de quienes estamos sujetos a sus decisiones y a las consecuencias positivas o negativas de las mismas; a todos los ciudadanos y empresas que pagamos impuestos.
Haríamos mal, la sociedad y los empresarios, en no preocuparnos y ocuparnos de las decisiones que nos incumben en lo particular y en lo general; en no informar a los representantes populares de nuestra visión sobre los asuntos que nos atañen, en el necesario proceso de consulta que exige un tema tan crítico y tan complejo como el fiscal.
En la democracia, la participación cívica es un derecho y una obligación, y además es la base de una nación fuerte y próspera. Los empresarios vamos a ejercerla a plenitud en la reforma hacendaria y con todas las que están en la agenda legislativa.
No sólo nos preocupa la competitividad de las empresas, sino de la economía en su conjunto.
De las empresas dependen nueve de cada 10 empleos en el país. Es claro que se necesita un Estado fuerte, con recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones, pero también lo es la necesidad de que se desarrollen y multipliquen las empresas, para que generen más inversiones y empleos directos e indirectos, con cadenas productivas sólidas y economías de escala.
Las empresas significan empresarios, accionistas e inversionistas, pero también trabajadores, proveedores, clientes, fuentes de recaudación en los tres niveles de gobierno, el sostén de comunidades y millones de familias que dependen de ellas.
Por eso estamos convencidos de que es totalmente justificada nuestra oposición a poner obstáculos a la inversión con medidas como la no deducibilidad inmediata y nuevas restricciones que afectan por igual a Pymes y a grandes empresas. Gravar las utilidades en los niveles propuestos, es quedar en desventaja para que vengan más inversiones que generen empleos.
Encarecer el otorgamiento de prestaciones laborales, va contra el bienestar de los trabajadores.
La solución al bajo crecimiento de México, es tener un país con mucho mayor productividad y competitividad, en su planta productiva, más aún en un entorno de debilidad y volatilidad económica como el que se presenta.
Lo que necesita México es un sistema hacendario sano, equitativo, sustentable, promotor del crecimiento, la inversión y el empleo. Que paguen más los que más tienen, pero que el esfuerzo no se quede sólo en los mismos contribuyentes cautivos, los de siempre. Mayor eficiencia recaudatoria, combatiendo la informalidad, y un gasto eficiente, con transparencia y rendición de cuentas. Más inversión pública y social, y al mismo tiempo una lucha a fondo contra la corrupción.
El expediente de un cambio de fondo en el sistema hacendario mexicano sigue abierto, pero la reforma que hoy se discute, si se hacen los ajustes necesarios, puede suponer avances y un marco responsable para los retos del próximo año.
El sector empresarial está comprometido en ser un actor responsable con nuestro país, para fortalecer al Estado Mexicano, a la par que a la sociedad y la economía nacional.
Nuestro llamado es a no desviarnos del objetivo de consolidar una economía más productiva y competitiva, que pueda generar el crecimiento y el progreso nacional que demandan las grandes necesidades del país.
