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Podemos esperar que en la recta final del 2013, la economía nacional se verá estimulada por un fortalecimiento del sector exportador y el mayor impulso del gasto público, reforzado con los ajustes presupuestales anunciados para reactivar el crecimiento y los que se dispongan para la reconstrucción por las afectaciones provocadas por los temporales del mes de septiembre.
Esta tendencia debería acentuarse hacia el 2014, que deberá tener un desempeño significativamente mejor que el de este año. Sin embargo, está perspectiva no está garantizada, porque ahora se presentan los riesgos inherentes a la reforma hacendaria que está en discusión en el Congreso de la Unión.
De aprobarse en sus términos, sin cambios significativos, la economía se verá afectada por una mayor carga impositiva que golpearía a la clase media, y con ello al consumo y el mercado interno, y por otro lado a la inversión y el empleo debido al fuerte sesgo recaudatorio sobre las empresas.
La reforma energética puede ser una palanca emergente de crecimiento. Sin embargo, esto tendrá verificativo siempre y cuando, a diferencia del proyecto hacendario, esté claramente orientada a la competitividad, el crecimiento, la inversión y el empleo, sentando condiciones que la impulsen, por encima de criterios políticos de corto plazo.
El mayor déficit fiscal que se ha planteado para destinar mayores recursos al gasto y a la inversión pública en lo que resta del año y en el 2014 servirá como compensación para incentivar la actividad económica. No obstante, esto depende de los proyectos y la eficacia con que se utilicen los recursos, además de que implica riegos a la estabilidad macroeconómica. Es preciso asegurar el carácter temporal y el manejo responsable de estas medidas, teniendo en cuenta las malas experiencias que México ha tenido con los desequilibrios en las finanzas públicas en el pasado.
Es cierto que la estabilidad macroeconómica no puede ser la apuesta única para el crecimiento, como ha quedado demostrado durante décadas de estancamiento estabilizador. La política económica expansiva puede funcionar, cuando se hace en tiempo y forma, y de manera prudente. Sin embargo, sin caer en ortodoxias, guardar un equilibrio sano sí es condición indispensable para el desarrollo sostenido y evitar problemas estructurales que causaron mucho daño a México y que hoy son el talón de Aquiles en otras economías del mundo.
En cualquier caso, es fundamental tener claro que el desarrollo económico sustentable depende de la iniciativa y del progreso de la sociedad y su actividad productiva, más que del aumento del crecimiento del gobierno y la burocracia, para sentar bases de un bienestar colectivo sólido.
Hoy, las naciones requieren de un sector público visionario, fuerte y eficiente, con recursos y facultades para asentar condiciones que impulsen la inversión, la innovación, el emprendimiento, la productividad y la competitividad, no de un sustituto a la iniciativa individual, social y empresarial.
Con el empuje de un Gobierno y un Poder Legislativo que han demostrado en la voluntad y en muchas acciones concretas su compromiso reformador, el llamado que hacemos es a no desviarnos de la senda del cambio estructural para impulsar la inversión, la productividad, y la competitividad con crecimiento sostenible.
En este momento decisorio, reforcemos la alianza público-privada en la que ambas partes estamos comprometidas por el progreso nacional.
A la volatilidad internacional que puede resurgir en los mercados internacionales y las contingencias políticas y económicas en México, necesariamente hay que responder retomando con mayor vigor la agenda de competitividad y crecimiento. Es importante concretar un plan emergente de reactivación sólido a nivel nacional y las reformas estructurales fundamentales.
En la reforma energética, es hora de superar el mito de un nacionalismo ligado a un monopolio petrolero, estancado por restricciones que lo asfixian y que pueden dejarnos fuera como país, de una oportunidad única de reindustrialización en nuestra región, que hoy ya implica inversiones que no se van a lugares lejanos, sino a Estados Unidos.
Podemos detonar una derrama de más de 300 mil millones de dólares, en nuevas inversiones en el sexenio y cientos de miles de empleos.
Seguiremos insistiendo en que México requiere de una reforma hacendaria profunda: que plantee un esquema viable para aumentar la base de contribuyentes, con mayor equidad y justicia, pero que también esté volcada a la formalización económica y el empleo.
Que los tres niveles de gobierno hagan un esfuerzo del mismo tamaño del que se pide a los causantes cautivos, en eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del gasto público. El principio de reciprocidad.
El proyecto presentado por el Gobierno de la República tiene puntos positivos, y varios que deben corregirse o son perfectibles. En ese proceso estamos, con diálogo y apertura. Hay espacios para que, por la vía democrática y con el reconocimiento de que la reforma no debe ser solamente recaudatoria sino promotora del crecimiento, México tenga un Paquete Económico a la altura de sus circunstancias del 2014.
Es fundamental ganar el combate contra la delincuencia y la inseguridad, renovar la política, la economía y la vida social en México, es tiempo de romper con la cultura de la corrupción y la impunidad, combatiéndolas a fondo, como máxima prioridad nacional. Este es el cambio más importante que requerimos, condición indispensable para que el país realmente progrese.
No olvidemos que entre los ejes básicos de la competitividad, es en este rubro en el que mantenemos el peor lugar en la clasificación del Foro Económico Mundial: en materia de instituciones, el sitio 92 de 144 países.
Vamos adelante. Es tiempo de concretar. Vivamos y construyamos el futuro, en función de nuestras necesidades, aspiraciones y potencialidades, y no de las limitaciones provisionales del momento. México cuenta con sus empresarios en estos días de decisiones y oportunidad de cambio.
