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En función de los tiempos marcados en la agenda del Pacto por México para la reforma energética y las iniciativas que ya se han presentado por parte de militantes de los partidos, es natural que se acelere la intensidad del debate público al respecto.
En este contexto, es muy importante que haya claridad en las posturas y evitar una discusión polarizante, con posiciones cerradas al diálogo o que busquen confundir o descalificar, en lugar de convencer con argumentos y propuestas viables.
En ese sentido, el Consejo Coordinador Empresarial reitera su posición en contra de la privatización de Pemex y de los hidrocarburos, que son y deben seguir siendo propiedad de la nación. Lo que proponemos es abrir las puertas a la inversión para complementar las capacidades del gobierno, a fin de poner a trabajar a fondo estos recursos en beneficio de todos los mexicanos y de afianzar una auténtica soberanía energética de largo plazo, que garantice un abasto suficiente y competitivo.
La rectoría del sector debe permanecer en el Estado y la renta por la propiedad de los hidrocarburos en manos de la nación. El reto es maximizar su valor, y esto es inviable mientras continuemos con un modelo basado en la exclusividad de Pemex para realizar inversiones.
Queremos empresas públicas modernas y eficientes: un Pemex con autonomía y mayor capacidad de gestión, lo cual no puede darse si no se le permite realizar asociaciones estratégicas viables, con una fórmula ganar-ganar, a contracorriente de prácticamente todas las grandes empresas petroleras del mundo, públicas o privadas.
Las restricciones jurídicas, financieras y tecnológicas de nuestra paraestatal reproducen el estancamiento y apuntan al declive. Esta situación no debe continuar: es demasiado onerosa para el país.
Mientras que grandes empresas de energía del mundo transfieren o comparten riesgos con otras como socios, multiplican su capacidad de ejecución, invierten, atraen y absorben conocimiento; Pemex, absorbe todo el riesgo, restringe la operación a un operador, subinvierte en tecnología y limita el potencial de aumentar la renta petrolera. Al contrario, de no haber cambios, esta tenderá a la baja.
Países como Noruega, Brasil o Colombia, entre muchos, han logrado un importante auge energético, conservando la esencia pública de su industria.
Desde 2005, la producción de crudo de la brasileña Petrobras se ha incrementado en promedio en 562 mil barriles diarios a 2012, mientras que la de Pemex, en el mismo periodo ha disminuido en 780 mil barriles diarios, con lo cual se han dejado de percibir ingresos por alrededor de 770 mil millones de pesos.
Si se hiciera una reforma similar a la que hizo Brasil a finales de los años 90, se estima que la producción de crudo al 2015 podría aumentar a más de 3.4 millones de barriles diarios, cerca de 730 mil barriles más a los previstos en el Plan de Negocios 2013-2017. Con ello, podrían generarse ingresos extras por casi 280 mil millones de pesos anuales.
Con estos recursos, podría, por ejemplo, incrementarse dos veces el presupuesto para Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional, casi cinco veces el de Comunicaciones y Transportes, y casi 16 el de Educación o el de Salud y Seguridad Social.
Para nosotros es claro que para hacer efectivo este potencial se requiere de una reforma energética que verdaderamente sea de fondo, con una modernización sustancial del marco jurídico vigente.
Consideramos que para ello, necesariamente se requieren cambios en la Constitución, en particular a los artículos 27 y 28, tendientes a la liberación de restricciones en el otorgamiento de Concesiones y Contratos para la explotación de hidrocarburos, manteniendo en manos de la Nación el dominio directo de los mismos.
La reforma igualmente debe incluir una reforma legal en materia de electricidad y delinear un nuevo modelo en materia de petrolíferos, abriendo la competencia en procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.
En la legislación, debe contemplarse a Pemex como un promotor activo de Cadenas Productivas de Proveedores Nacionales, con el establecimiento de un contenido nacional significativo.
Es preciso reclasificar conceptos de la industria petrolera, como la petroquímica básica, liberándola a la inversión, con condiciones de certeza jurídica y operativa para la realización de contratos de largo plazo, que impulsen, entre otras prioridades, la recuperación de líquidos asociados al gas para aumentar la disponibilidad de petroquímicos.
Se dará paso a un flujo muy importante de inversion y margen de maniobra a Pemex en la medida en que la reforma permita e impulse la concurrencia de los sectores sociales y privados para construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, así como prestar servicios de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
Para la parte de refinación, debería contemplarse una ampliación efectiva de la participación privada, sobre todo en rubros como construcción de ductos, terminales de abastecimiento y reparto y servicios principales. Esto con cuotas de contenido nacional y un modelo de negocio de contrato de prestación de servicios de infraestructura para distribución, almacenamiento y actividades complementarias.
Para el sector empresarial, es vital que se mejoren los esquemas de autoabastecimiento eléctrico y cogeneración. Asimismo, sugerimos una Comisión de Infraestructura Energética, como organismo responsable de las funciones de planeación de largo plazo en los sistemas de gasoductos y de generación y transmisión eléctrica.
De lo que no debe haber duda es que la reforma es urgente y prioritaria. Más aún ahora, ante los cambios radicales que tienen lugar en el mundo, en materia de consumo y aumento de la producción de hidrocarburos, vía fuentes como shale gas y shale oil.
De no prepararnos con inversión y tecnología, podemos enfrentar dificultades crecientes en el suministro, y pérdida de competitividad de todo nuestro sector productivo. Además de los potenciales efectos sobre las finanzas públicas por una reducción en los precios y las exportaciones de petróleo, ante la revolución energética que se vive en Norteamérica y principalmente en los Estados Unidos, que podría pasar de importador a exportador neto en menos de 10 años.
México, en cambio, teniendo las sextas reservas más grandes del mundo de gas de lutitas, hoy se ve en la necesidad de importar gas natural licuado, a un precio sustancialmente más elevado.
Estamos a tiempo de dar un gran impulso al desarrollo nacional, y con alrededor de 750 mil kilómetros cuadrados de superficie en el Golfo con sedimentos de petróleo y gas, podemos ser uno de los líderes de la transformación energética global que está tomando forma en estos momentos. La condición es que haya voluntad para el diálogo y el acuerdo, con visión de Estado de largo plazo. Es hora de mostrarla con hechos. Es por México y los mexicanos.
