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Aunque es perceptible una mejora en el clima de concertación política, que ha tenido su verificativo más importante en la disposición para el diálogo y alcanzar acuerdos en el Pacto por México y en los trabajos en el Congreso de la Unión, es claro que aún hay un trecho muy importante por recorrer para consolidar una gobernabilidad democrática sólida, eficaz, con mayor participación ciudadana, que represente mejor a los mexicanos y sirva más a la nación.
La reforma política del año pasado fue un gran avance, pero está pendiente sacar adelante toda la legislación reglamentaria que se deriva de ella, para que los preceptos constitucionales bajen efectivamente a la práctica, así como reformas fundamentales que no se lograron aprobar a falta de consensos, tanto en el plano político como en el de carácter electoral.
Las pasadas elecciones del 7 de julio, con los problemas que se presentaron, pusieron nuevamente de manifiesto la urgencia de continuar con este proceso reformador.
Hacemos un llamado al Gobierno Federal, a los partidos políticos, al Congreso y al Consejo Rector del Pacto por México para acelerar la reforma política y electoral pendientes, para que se dé en el periodo extraordinario que debe realizarse en agosto o bien en la primera fase del ordinario que inicia en septiembre, para lo cual se podría aprovechar el mecanismo de iniciativa preferente del Ejecutivo Federal.
Este compromiso de avanzar y conciliar posiciones en el frente de la reforma política, será un aporte de gran valía para propiciar un clima de diálogo, confianza y buena fe en el que puedan transitar otras reformas, y en especial las más complejas, trascendentes y urgentes en la lista: la energética y la hacendaria.
El Pacto por México y el adéndum que se acordó en mayo ya marcan la ruta a seguir.
Establecen diversos compromisos que, de llevarse a cabo, con toda seguridad fortalecerán la democracia mexicana: incluyen las reglamentaciones de la reforma del 2012, el tema de los gobiernos de coalición, Ley General de Partidos Políticos, reforma electoral y del Distrito Federal, revisión de los fueros para acabar con abusos y analizar la reelección de legisladores.
En el adéndum se estableció el compromiso de adelantar la presentación de la iniciativa de Reforma Política y Electoral y para procesarse de preferencia en periodo extraordinario, antes del inicio del ordinario de septiembre, como máxima dentro de la agenda inmediata del Pacto por México.
Llegó la hora de cumplir con hechos. Y en este punto hay que recordar otro compromiso del adéndum: “redoblar esfuerzos para que las iniciativas de ley relacionadas con deudas estatales, transparencia y combate a la corrupción alcancen los más altos objetivos planteados en el propio Pacto por México”. Este compromiso se ha relegado, salvo en el caso del endeudamiento a nivel local.
El periodo extraordinario de agosto es oportunidad de corregir la omisión en los asuntos de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, que también son indispensables para consolidar la democracia en México y para que toda reforma -política, económica o social- puedan cumplir cabalmente con sus objetivos.
En el sector empresarial tenemos posiciones claras en torno a la reforma política que México debe consolidar.
Estamos resueltamente a favor de la reelección de legisladores federales y estatales. Pedimos que se incluya la discusión sobre la reelección de presidentes Municipales y Jefes Delegacionales, con un periodo adicional. Además, consideramos que debe contemplarse una reducción del Congreso de la Unión, teniendo como opción un Sistema de Representación Proporcional Personalizada (el llamado sistema de listas).
En cuanto a la reglamentación e implementación de la reforma de 2012, la prioridad es asegurar que los cambios aprobados tengan viabilidad: sobre todo en los casos de candidaturas independientes, Iniciativa legislativa ciudadana, Consulta popular. Se necesitan criterios claros y delimitar procedimientos y alcances.
En la parte electoral se requieren muchos ajustes. En primer lugar estamos a favor de que haya un solo instituto electoral para todos los comicios. Además, pedimos que se transparente el nombramiento de los consejeros del IFE y mejorar el escalonamiento, incorporando la aplicación de un sistema de afirmativa ficta para su elección.
Necesitamos un IFE más independiente de los partidos, eficiente y que no tenga que lidiar con inconsistencias en su arquitectura, como las que lo convierten en juez y parte.
Solicitamos que se garantice la libertad de expresión de los ciudadanos, así como revisar la fórmula de financiamiento público y privado a los partidos. Que la asignación de dinero del erario se base en el número de votantes efectivos, y que haya una mejor regulación y vigilancia, con mecanismos eficaces de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, no sólo durante los tiempos de campaña.
También hay que revisar los requisitos para obtención de prerrogativas como el poder participar en la distribución de plurinominales, así como homologar gradualmente las fechas electorales en todos los niveles de gobierno.
Adicionalmente, proponemos que se analice el tema de la segunda vuelta electoral para los comicios por la presidencia y gubernaturas.
En el sector empresarial compartimos la visión de que está inconcluso el ciclo de cambios que se requieren para apuntalar la democratización de México y una arquitectura institucional del Estado que se ajuste a las realidades y desafíos que enfrentamos hoy día. La transición ya duró demasiado; hay que consolidarla, y el momento oportuno es ahora. Es necesario y viable; las opciones están sobre la mesa.
