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Finalmente, después de mucha discusión entre las distintas fuerzas políticas y entre las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, habrá un periodo de sesiones extraordinario, de 4 días, comenzando este martes 16. Será atípico, porque por los desacuerdos entre el Senado y la Cámara de Diputados, sólo se realizará en esta última.
Lamentablemente, se posponen temas muy importantes y fundamentales para el país, que se habían incluido en la lista de posibilidades para abordar, y que como señalamos en la pasada edición de La Voz del CCE, deberían haber quedado resueltos en el primer semestre del año, de acuerdo con los compromisos establecidos en el Pacto por México: el sistema nacional contra la corrupción y la reforma en materia de transparencia.
Se pierde una oportunidad valiosa para desahogar estos pendientes urgentes y fundamentales para México, previo al periodo ordinario que inicia en septiembre y otro eventual extraordinario en agosto, en los que se requiere sacar adelante una abultada y compleja agenda, en la cual destacan dos reformas que acapararán el debate público y el trabajo de senadores y diputados: la hacendaria y la energética.
Además, hay que tomar en cuenta, la prioridad de las legislaciones secundarias de las reformas educativa y de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, así como la reforma financiera.
El riesgo es que la lucha contra la corrupción y la consolidación de una política nacional articulada de transparencia y rendición de cuentas, exigencia primordial de la ciudadanía y pieza fundamental para que otras reformas funcionen, queden al margen y se sigan postergando.
De cualquier modo, reconocemos la determinación de la Cámara de Diputados para lograr acuerdos y decisiones en los asuntos a abordar en el periodo extraordinario, los cuales, sin duda, son de gran importancia y no habría por qué dejar para después:
La iniciativa de reformas a la Constitución en materia de disciplina financiera de estados y municipios; la elección pendiente de un consejero del IFE, atribución exclusiva de los diputados; la minuta que modifica el Artículo 73 Constitucional, con la idea de facultar al Congreso de la Unión para que legisle en materia de procesos penales; y una reforma más, para incidir en una mejora a nivel nacional en materia de registro público inmobiliario.
En el caso de la reforma constitucional en materia de catastro, la iniciativa va en línea con la propuesta que hemos promovido desde el sector empresarial de homologación e integración de todos los registros públicos de la propiedad y comercio con plataforma electrónica. Es uno de los puntos del decálogo promovido por el CCE de medidas de alto impacto, que pueden iniciarse en lo inmediato para impulsar el desarrollo económico. Se trata de una aportación que puede ser muy importante en términos de certidumbre jurídica, mejora regulatoria y de administración pública.
En relación a la reforma en el ámbito procesal, es un primer paso para establecer parámetros tendientes a homogenizar los códigos de procedimientos penales.
Desde hace muchos años, el sector empresarial, al igual que muchos especialistas en la materia, hemos señalado que, ante el contexto vigente de inseguridad pública e impunidad, no es lógico tener 33 ordenamientos con las diferencias que hoy se presentan.
En cuanto al nombramiento pendiente en el IFE, consideramos como un signo alentador el que haya voluntad de cumplimiento, luego de la pésima experiencia del retraso de más de un año en las designaciones previas y ahora, con este último. Es inaceptable, que quienes son encargados de promulgar leyes, no las cumplan, como ocurre con esta obligación aplazada, y ya con un reclamo del Poder Judicial de por medio. Aquí, la exigencia ciudadana sigue siendo que estos procesos no estén determinados preponderantemente por una tónica de cuotas partidistas.
Desde luego, la reforma en materia de endeudamiento público de los estados y municipios es de capital importancia, ante un problema que ha crecido de manera preocupante. Más allá de los problemas de procedimiento legislativo que se han presentado entre ambas cámaras, el dictamen por aprobarse va en el sentido correcto. Los diputados han acertado en darle velocidad a este pendiente en el extraordinario.
Esta reforma, que establece topes y criterios generales sobre endeudamiento público, es una acción preventiva oportuna, que contribuirá para que un riesgo real no pase a mayores. No estamos ante un fenómeno sistémico, pero si un desafío que, de no atenderse, puede salir de control.
En los últimos seis años el endeudamiento de los estados y municipios pasó de alrededor de 160 mil millones de pesos a cerca de 434 mil millones, pero si se incluyen Proyectos de Prestación de Servicios, fondos como los de reconstrucción y otros conceptos, hoy nos acercamos a la cifra de 480 mil millones de pesos en compromisos financieros de estos dos niveles de gobierno.
Hay algunos estados donde el problema sí puede empezar a comprometer el escenario económico de corto y mediano plazo.
Lo que la tendencia exige, es actuar; el paso que puede darse es un elemento necesario, entre muchas otras medidas que hay que seguir, en el marco de la reforma hacendaria que viene y de un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, dado que la ley vigente está rebasada, y no funciona adecuadamente desde hace años.
Inobjetablemente, éste y el resto de los temas a abordar en este periodo extraordinario son relevantes y pueden generar un capital valioso para el desarrollo nacional.
Adelante con los acuerdos logrados para este periodo.
Esperamos surja la voluntad para asegurar un segundo periodo extraordinario muy productivo en el mes de agosto, con la participación de ambas cámaras. Es otra oportunidad para desahogar la agenda, resolviendo pendientes como las legislaciones secundarias necesarias para que los avances constitucionales ya logrados empiecen a funcionar, recuperar los temas que se dejaron de lado por ahora y avanzar en reformas como la financiera e inclusive la política y electoral que se ha comprometido.
El llamado que hacemos es a continuar con los acuerdos, en el Pacto por México y, muy en especial, en el Congreso, la máxima tribuna de la nación, donde se han concretado las trascendentes reformas emprendidas recientemente, y donde tienen que definirse las grandes reformas pendientes, cuyo cometido es el de renovar la voluntad y la esperanza nacional.
