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Estamos ya en el cierre de las campañas para los comicios del próximo domingo 7 de julio, que tendrán lugar en 15 estados. Con una participación potencial de más de la tercera parte del padrón electoral nacional, se votará por más de mil 370 puestos de elección popular: la gubernatura de Baja California, 930 alcaldías y 441 diputaciones locales.
El llamado a los partidos políticos y a los candidatos, es el mismo que hicimos en los pasados comicios federales: a comprometerse con una actitud de civilidad y responsabilidad en la jornada electoral y, a su término, de respeto a los resultados, en la victoria o la derrota; bajo el entendido de que la democracia no es un ejercicio de suma cero, en el que unos ganen todo y los demás queden fuera.
Que las discrepancias o reclamos fundados que puedan surgir, se diriman conforme a los cauces legales.
Una vez resueltos los procesos electorales, en cada municipio, en cada estado y en el país, estaremos ante los mismos desafíos y obstáculos de hoy: la necesidad de llegar a acuerdos y sumar esfuerzos, para superar los retos que todos compartimos.
Hay que evitar a toda costa actitudes que generen división en las comunidades o que contaminen y pongan en riesgo el clima de diálogo y búsqueda de acuerdos que ha ido tomando forma a nivel nacional, con el Pacto por México y en el Congreso de la Unión. Nuestro país necesita que esta vía de acercamiento y conciliación política tenga continuidad.
Para quienes acudiremos a las urnas en nuestros estados, es tiempo de reflexionar con responsabilidad sobre el sentido de nuestra decisión y disponernos para ejercer nuestro derecho al voto y de participación en la vida pública.
El exhorto es a vencer al abstencionismo; estar atentos para denunciar todo tipo de fraude, compra de votos, uso de recursos públicos para fines proselitistas, coacción o cualquier estrategia para burlar la voluntad popular o la transparencia de los procesos, en cada casilla. Seamos ciudadanos de pleno derecho y no sólo electores.
Elegir a nuestros representantes legislativos a nivel estatal y a quienes estarán al frente de los ayuntamientos no es un asunto menor, sino de la mayor trascendencia. Cada vez más, es a nivel local donde se toman muchas de las decisiones que tienen mayor incidencia en nuestra comunidad y en la vida diaria de cada persona.
En lo que respecta a las legislaturas estatales, el gran reto es que sean poderes con un peso efectivo: con capacidades, autonomía y los mejores perfiles, para ejercer la función que les corresponde, como contrapeso al Ejecutivo y como legítimas instancias deliberativas, que encaucen eficazmente la representación política en el diseño y aprobación de leyes.
La reelección es un instrumento necesario para fortalecer la independencia y la profesionalización de los congresos estatales. Por eso la impulsamos como una prioridad, en los tres poderes de gobierno.
Sin embargo, también se requiere de participación ciudadana que vigile e impulse a sus representantes para que cumplan con su papel constitucional. Es fundamental que los diputados locales hagan valer su función en materia presupuestal, de auditoría y fiscalización de las cuentas públicas estatales, para evitar que se presenten abusos, opacidad, falta de rendición de cuentas y problemas de endeudamiento, como los que se han observado recientemente.
En el caso de los municipios, la deuda pública creció casi 100% el sexenio pasado y muy pocos han tenido un avance suficiente respecto a la Reforma de Contabilidad Gubernamental. Se ha estimado que casi 50% de los trámites municipales conlleva sobornos de por medio.
Hay mucho trabajo por hacer: es necesario fortalecer la institución municipal, con más recursos y capacidades, incluyendo igualmente la reelección, para que los buenos alcaldes cuenten con la posibilidad de tener un horizonte de tiempo suficiente para sacar adelante proyectos, políticas públicas y obras de trascendencia.
Pero al mismo tiempo, para fortalecer la rendición de cuentas, urge una mayor vigilancia y exigencia de los ciudadanos, arropada de manera comprometida por el Estado mexicano: hay que poner un alto a la corrupción que existe en muchas estructuras municipales, la cual agrava sensiblemente su debilidad para combatir la inseguridad pública, y que en algunos casos termina con la captura de instituciones y policías por parte de la delincuencia.
La corrupción, la discrecionalidad y falta de regulaciones y procesos claros en muchos municipios afecta severamente a las empresas y la economía local: encarecen y retrasan las inversiones y reducen la calidad de los servicios para la población. Hoy, los trámites municipales tienden a ser los más opacos, situación que debemos atajar con celeridad.
Hemos señalado que en México es tiempo de pasar de los escándalos de fraudes y arbitrariedades a la sanción y la consolidación de una política articulada de auditoría, procesos administrativos eficientes y transparentes, que mitiguen la impunidad. El eslabón municipal es clave para renovar la vida pública en el país.
Hay que ser intolerantes con la corrupción y los actos de prepotencia recurrente que se presentan de manera endémica en muchos municipios de México. No basta con la elección de las autoridades: hay que emprender una reestructuración administrativa que ayude a frenar este fenómeno, exigir compromisos e instalar observatorios ciudadanos para dar seguimiento a su cumplimiento.
Además de los cambios institucionales que se requieren, es preciso realizar un gran esfuerzo cívico para consolidar la democracia en México, desde la base: en los municipios y los estados. La tarea no termina con el voto.
Preparémonos para dar seguimiento y exigir rendición de cuentas a los compromisos que se hayan hecho en campaña y a las obligaciones constitucionales que adquiere todo aquel que detenta un cargo público.
Cada municipio y estado tiene problemáticas y retos particulares, y en función de éstos hay que decidir entre las mejores soluciones y perfiles que se ofrecen. Sin embargo, hay una demanda básica general para el 7 de julio: compromiso con la gobernabilidad democrática.
