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En representación del Consejo Coordinador Empresarial, expreso el compromiso del sector privado para continuar participando en la construcción de un desarrollo sustentable, que impulse el crecimiento y ayude a reducir efectivamente la pobreza, con un uso más racional de los recursos naturales.
Un desarrollo que aproveche los avances tecnológicos para reducir el impacto ambiental de las actividades productivas, en beneficio de las actuales y futuras generaciones.
La “Estrategia Nacional de Cambio Climático” debe ser un esfuerzo incluyente, que oriente de manera transversal a todos los sectores y actividades en la transición hacia una economía con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, más eficiente y baja en carbono.
Esta es una ruta esencial del desarrollo sustentable: una alianza efectiva entre sector gobierno, academia, empresas y sociedad, indispensable para que la estrategia tenga éxito.
Juntos, copartícipes del diseño y despliegue de políticas públicas eficaces y para potencializar sinergias que activen el cambio, volcado al crecimiento verde.
Nuestro país tiene grandes desafíos y decisiones importantes que tomar para armonizar la necesidad de un mayor desarrollo económico con la ecología. Se ha calculado que la degradación de los recursos naturales tiene un costo anual superior al 7% del PIB.
No sólo hay parar esta tendencia, sino convertir las amenazas que plantea hacia el mediano y largo plazos en una fuente extraordinaria de oportunidades, por la vía del desarrollo sustentable.
Las prioridades y propuestas que impulsa el CCE en este frente parten de esa premisa. Hemos mantenido un estrecho contacto con la Semarnat y con el Secretario Juan José Guerra Abud. Compartimos la visión de que la preservación medioambiental puede y debe darse de la mano de un mayor crecimiento económico.
A nuestro favor, contamos con un enorme potencial en la economía verde. Tan solo en energías renovables, es factible producir electricidad con estas fuentes hasta en un 20% de la capacidad de generación total para 2020. Con ello, atraer inversiones por más de 20 mil millones de dólares y reducir los costos de electricidad de las empresas entre 10 y 50 por ciento.
Por la vía de la cogeneración, es factible producir el equivalente al 16% de la capacidad instalada actual, reduciendo los costos para PEMEX y CFE, y propiciando la creación de 16 mil empleos temporales y permanentes.
Tenemos una posición privilegiada y tecnologías económicamente viables a disposición, para lograr ahorros sustantivos de energía y emisiones de gas invernadero y detonar la plena capacidad productiva del país.
Para materializar el potencial, las reformas hacendaria y energética son indispensables. En especial, para detonar las inversiones, es fundamental concretar una reforma energética que realmente sea de fondo.
Paralelamente, urge ampliar la red de distribución de gas natural para uso industrial, y es vital fortalecer los esquemas que han permitido el desarrollo de la producción de energía renovable y la cogeneración.
Hay un amplio margen de oportunidad en medidas para simplificar las gestiones para sociedades de autoabastecimiento; permitir la venta de electricidad de privado a privado; en la figura de pequeño productor de energía; y en desarrollar la red de interconexión eléctrica.
Necesitamos generar estrategias integrales de transporte multimodal de personas y mercancías, que incorporen las nuevas tecnologías de movilidad sustentable; con criterios para reducir tiempos de traslado, mejora de la calidad del aire y disminución del efecto de isla de calor urbana.
En el mismo sentido, es importante revisar la regresividad de subsidios que no tengan lógica económica, para canalizarlos al fortalecimiento de la infraestructura y el apoyo a los sectores sociales más necesitados.
Queremos trabajar aún más de cerca con el gobierno y los sectores de la sociedad en uso eficiente del agua, gestión integral de residuos, ciudades sustentables, financiamiento para infraestructura de crecimiento verde, así como incentivos que promuevan acciones de mitigación y adaptación a impactos del cambio climático.
Hemos propuesto, entre otras medidas, diseñar un código medioambiental que ordene y armonice las leyes dispersas y sus disposiciones en la materia, similar al código fiscal.
Claramente, estamos a favor de una política de Estado incluyente y de amplia proyección para el desarrollo sustentable. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, es una pieza central en este cometido, como instrumento rector de largo plazo.
Debe dar paso a una coordinación fluida entre todos los actores involucrados. Consideramos que es muy importante revisar a detalle y con total realismo las metas, para fijar compromisos concretos que todos podamos cumplir, dando un seguimiento adecuado a la evolución de las líneas de acción.
Por nuestra parte, queremos participar en las diversas instancias responsables de la implementación, y en particular, tener una representación equilibrada respecto al sector académico y el social en el Consejo de Cambio Climático.
A los representantes de los sectores de la sociedad; es hora de sumar voluntades, recursos y acciones. Ningún sector puede superar por sí solo los retos enfrentamos.
Esta Semana Nacional del Medio Ambiente debe servir para reafirmar la responsabilidad que todos tenemos. Pero todos debemos hacerlo bajo el entendido de que, si queremos construir un mejor futuro, a corto plazo se requieren cambios, acuerdos y decisiones concretas.
La iniciativa privada ha sido promotora de mejoras en la calidad de vida de los mexicanos y del desarrollo sustentable, a través de proyectos de inversión en infraestructura, industria, urbanos, y de transporte; con nuevos procesos productivos, bienes y servicios.
También cerramos filas, como un firme aliado en la tarea impostergable de compaginar el crecimiento económico con la obligación de preservar el medio ambiente, garantizando los derechos de las futuras generaciones.
En este gran desafío, México cuenta con sus empresarios al 100%. Este es un compromiso y un pacto con la nación.
