El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, el crecimiento demográfico, el cambio climático y las prácticas insostenibles en su gestión, han generado una crisis hídrica a nivel mundial. México no es la excepción, enfrentando grandes desafíos relacionados con la disponibilidad, la calidad y la gestión del vital líquido. De acuerdo con la CONAGUA, la disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1,386 billones de hm3, de los cuales el 97.5% es agua salada y sólo el 2.5% es agua dulce. De esta cantidad, sólo el 1% es accesible para el ser humano.

Por su clima y orografía, México tiene una distribución y disponibilidad de agua desigual en su territorio. El 67% (centro, norte y noroeste) es árido y semiárido, y el 33% restante es húmedo (sureste). La disponibilidad media anual per cápita es de 3,665 metros cúbicos de agua por habitante al año, que podría calificarse como media baja al compararnos con Canadá y Estados Unidos (superior a 75,000 y 9,000, respectivamente), pero mayor a la de España y varios países del centro y sur de Europa, con 2 mil metros cúbicos; y mucho mayor a la de los países del Medio Oriente, que cuentan con menos de 500 metros cúbicos por habitante al año (fuente: FAO AQUASTAT Dissemination System, datos del 2021).

En nuestro país el agua está regulada por el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), facultada para otorgar las asignaciones (uso humano) o concesiones (otros usos) de volúmenes para los diferentes sectores y usuarios. Del agua disponible para usos consuntivos en números redondos, el 75% está concesionado a la agricultura; el 15% al abastecimiento público urbano y doméstico; el 5% a la industria y servicios; y el 5% restante a la generación de electricidad, excluyendo plantas hidroeléctricas (fuente: CONAGUA Estadísticas del Agua 2019).

México enfrenta grandes retos, como el cambio climático, que ha intensificado las sequías en regiones como el norte del país, afectando actividades industriales, agrícolas y ganaderas. Asimismo, la sobreexplotación de acuíferos que abastecen el 37% del agua utilizada en el país, han llevado al agotamiento de reservas subterráneas y a problemas como la intrusión salina en zonas costeras. La contaminación es otro desafío crítico que afecta no solo a los ecosistemas, sino también la salud de las comunidades que dependen de estas fuentes.

Además, la infraestructura hídrica en México es insuficiente o no se tiene en óptimas condiciones. Según datos oficiales, el 40% del agua potable se pierde en fugas de tuberías. A esto se suma la falta de acceso en comunidades rurales e indígenas, donde millones de personas carecen de agua limpia y servicios de saneamiento. En este sentido, la situación exige soluciones integrales y sostenibles, donde es indispensable contar con el presupuesto necesario.

Los servicios de agua potable que corresponden por atribución constitucional a los municipios (salvo excepciones de estados que se hacen cargo, o de diversos esquemas intermunicipales) presentan en su inmensa mayoría déficits financieros, técnicos y administrativos, que les impiden prestar un buen servicio, y mejorar o modernizar su infraestructura y capacidades.

En este contexto, existe un amplio margen de oportunidad para plantear mejoras a la gestión integral del agua, así como el fortalecimiento de la certidumbre jurídica para todos los usuarios, que salvaguarde las diversas acciones e inversiones necesarias para el uso eficiente, el reúso y la transmisión de volúmenes o derechos entre usuarios, que permitan un mejor uso del recurso, garantizando la disponibilidad para todos los habitantes y los diversos ámbitos del desarrollo nacional. El sector privado desempeña un papel crucial en la gestión del agua debido a su capacidad para aportar recursos financieros, tecnológicos y operativos, que complementan las iniciativas públicas, ayudando así a garantizar su acceso, calidad y sostenibilidad en el largo plazo.

Por todo lo anterior, la acción conjunta entre gobiernos, sociedad y sector privado es clave para garantizar que el agua siga siendo un motor de vida y desarrollo para toda la población.

Ahora bien, para lograr tener una mejor administración del agua en México es necesario contar con el presupuesto necesario. Sin embargo, el presupuesto federal para todos los temas del agua ha sufrido una baja significativa, ya que en el 2014 el presupuesto ejercido fue de 58 mil millones de pesos, mientras que en el 2021 tuvo una reducción de más del 50%, al ser de 26 mil millones de pesos.